Estos datos han sido obtenidos de SEC, Sistema Estadístico de Criminalidad y están recopilados en el VII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha sido la primera vez que se recopilan datos de todos los cuerpos y fuerzas policiales del territorio español, tanto en la vertiente de los hechos conocidos como en la de las detenciones e investigados, lo que genera que el informe se reconstruye y actualiza la serie historia desde 2016.

Del total de los 218.302 ciberdelitos realizados en el 2019, el 88,1 % (192.375) son fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia, la siguiente categoría por volumen es la de las amenazas y coacciones cometidas a través de internet, 12.782 casos que representan un 5,9 % del total.

Para realizar este informe, el SEC utiliza la clasificación diseñada en el Convenio de Ciberdelincuencia hecho el 23 de noviembre del año 2001 en Budapest, y que le añade otras infracciones penales reguladas en la legislación española junto a todos los delitos que para su comisión hayan utilizado las tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo amenazas y coacciones o delitos contra el honor.

Los datos obtenidos durante los años 2016-2019 permiten contrastar que la ciberdeclincuencia es un procedimiento en constante crecimiento. Los 92.716 hechos detectados en el primer año de la serie pasaron a ser 117.399 en 2017 y 160.729 en 2018 hasta llegar a la cifra registrada el pasado año. Este crecimiento de los ciberdelitos ha aumentado su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad: si en 2016 supusieron el 4,6 % del total, en 2019 fueron ya el 9,9 %.

En relación a los perfiles que se proyectan en este tipo de delincuencia online, el principal perfil de un ciberdelincuente consiste en un hombre, de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informativos, amenazas y coacciones y delitos sexuales. En cifras generales, han sido 6.635 hombres, el 74,3 % de los detenidos o investigados.

Asimismo, desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia en 2019 sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales en este ámbito. Mas específicamente, en el nivel provincial, están a la cabeza del ranking Madrid, Barcelona, Valencia, Illes Balears, Bizkaia y Sevilla.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se hacen conocedores de estos ciberdelitos gracias a su labor de prevención y de averiguación o bien a impulso de las denuncias que interponen las victimas perjudicadas. El año pasado, fueron descubiertos 30.841 delitos gracias a indagaciones policiales que permitieron la detención o investigación de 8.914 presuntos responsables.