El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación que, en palabras de la portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, “es un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país, y a favor de la igualdad de oportunidades y la justicia social”. La crisis del Coronavirus ha acelerado la adopción de esta medida que es una de las que recoge el acuerdo de “coalición progresista” firmado entre el PSOE y UP. Se trata de un compromiso electoral que ya presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio de 2015 en Mérida y así consta en el programa electoral de los socialistas de aquel año que se mantuvo en junio de 2016; así como en los compromisos para las elecciones de abril y noviembre de 2019.
Este viernes 29 de abril, el Consejo de Ministros Extraordinario ha dado luz verde al Ingreso Mínimo Vital, una medida que tiene por objeto “reducir las tasas de pobreza severa” en España, con especial atención a la pobreza infantil. Se trata de uno de los puntos del acuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de “coalición progresista” y que estaba previsto que se pusiera en marcha a lo largo de la legislatura. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha acelerado la adopción de esta nueva renta.
El Ingreso Mínimo Vital es un compromiso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adoptó con la ciudadanía en julio del año 2015 en un acto público en Mérida, cuando prometió que los socialistas aprobarían esta renta dirigida a los más vulnerables en cuanto llegara al Ejecutivo.
La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que ha presentado la medida junto al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que la “intensa crisis económica” derivada de la pandemia “ha hecho oportuno acelerar los ritmos”. A la bolsa de pobreza ya identificada “se añaden ahora nuevas dificultades que están atravesando miles de familias”.
Precisamente para combatir estas circunstancias, el Gobierno ha puesto en marcha planes de choque para proteger los empleos, las rentas, evitar los desalojos y los cortes de suministros, ha enumerado la ministra, que ha añadido que ahora había llegado el momento de “dar un paso más” con esta nueva prestación, “que tiene que actuar como una auténtica red de seguridad para todas las familias, para que nadie se quede atrás”.
UN NUEVO DERECHO DE CIUDADANÍA
Se crea, por tanto, “un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho que supone un antes y un después en la lucha contra la pobreza extrema, sobre todo la pobreza infantil”. Este derecho va a permitir “contar con unas mínimas condiciones para la supervivencia, para que cada persona desarrolle su proyecto vital con la dignidad que todo ser humano merece” y, singularmente en el caso de los menores, puesto que “no hay mejor inversión” que destinar recursos a la infancia y la juventud.
En opinión de Montero, estamos ante una medida que pone de relieve el compromiso del Gobierno con la “política útil” que da respuesta a los problemas del país, “una política centrada en las personas y en sus necesidades”.
DETALLES DE LA MEDIDA
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que el Ingreso Mínimo Vital es “el instrumento más potente para redistribuir renta, con un foco particular en la pobreza extrema”.
El ministro ha explicado que esta nueva ayuda irá vinculada a un “itinerario de inclusión e integración social” para mejorar su estado en la sociedad. Se pretende llegar a 850.000 hogares beneficiarios de esta medida, con un total de 2,3 millones de personas. La renta garantizada media de todos ellos será de 10.070 euros. El Ingreso Mínimo Vital anual medio para llegar a esa renta será de unos 4.400 euros. Se calcula que el coste de esta medida para las arcas públicas, cuando esté implantada a pleno rendimiento, se elevará a los 3.000 millones de euros al año. Se prevé que, mediante este Ingreso, se reduzca un 80% la pobreza extrema en España –la que afecta a personas con rentas inferiores a 3.000 euros al año-.
Con esta nueva ayuda, “conseguiremos acercarnos a la media europea del gasto en este tipo de prestaciones que se producen en los países en nuestro entorno”, con la diferencia de que, al tratarse de una prestación más reciente y moderna, “tendrá más efectos redistributivos que en otros países”.
El ministro ha avanzado que se trabajará de manera “intensa” con comunidades y ayuntamientos para detectar las bolsas de pobreza, y entre todas las administraciones se evaluará “como está actuando la prestación” con el objetivo de “mejorarla con el tiempo”. También se trabajará con el sector privado y se otorgará un “sello social” para empresas distinguidas en la ayuda a colectivos vulnerables.
Escrivá ha señalado que las personas que no trabajen cobrarán este ingreso, pero que también podrá ser compatible con un trabajo a tiempo parcial. "Es un incentivo muy útil. Incluso los que quieran trabajar algunsa horas más y si excede el ingreso mínimo, lo podrán compatibilizar este exceso durante cierto tiempo", ha añadido.
Como conclusión, Escrivá ha señalado que estamos ante un ingreso “que va a tener un impacto extraordinario” para la reducción de la pobreza, que no es “una prestación más al uso” al incorporarse toda una serie de elementos dinámicos de inclusión y participación en la sociedad, y que va a marcar “un antes y un después de cómo se hacen políticas públicas en España”.
UN COMPROMISO SOCIALISTA DESDE EL AÑO 2015
Tras el anuncio de la medida que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hizo en Mérida, el programa electoral del PSOE a las elecciones de diciembre de 2015 y en la repetición electoral de junio del 2016 detallaba la creación de “una nueva prestación dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad, sea cual sea la causa, como Prestación No Contributiva de la Seguridad Social, similar a las Pensiones No Contributivas”. Por aquel entonces, el PSOE estimaba que la medida afectaría a alrededor de 730.000 hogares sin ingresos y estaba pensado para “invertir en la infancia, mejorando sustancialmente la situación de los niños en hogares con menos rentas”. La propuesta detallaba también la dotación económica de este ingreso para aquellas familias en pobreza severa (menos de 7.100 € de ingresos anuales”, en pobreza alta (menos de 11.500€ de ingresos anuales) y de pobreza moderada (menos de 17.000 € de ingresos anuales). Para el primer tramo se estimaba una ayuda de 1.800€, para el segundo, 1.200 € y para el tercero, 600 €.
En los comicios del 2015 y del 2016, el PSOE fue la segunda fuerza política y perdió las elecciones frente al Partido Popular de Mariano Rajoy, pero la medida no cayó en el olvido y el PSOE la volvió a recuperar para las elecciones de abril y de noviembre del 2019.
Así, en el programa electoral de los comicios del 28 de abril también se siguió recogiendo la propuesta. El PSOE ganó aquellas elecciones con amplio margen, pero el bloqueo ejercido por Unidas Podemos y Partido Popular y Ciudadanos hizo que se tuviera que repetir las elecciones por segunda vez en la historia democrática española.
La medida era detallada en el programa socialista así: “Pondremos en marcha un Ingreso Mínimo Vital estatal, de carácter no contributivo, que asegure a las personas un nivel básico de renta ante posibles contingencias con el fin de evitar que ninguna persona u hogar caiga en situaciones de absoluta desprotección, que dificulten su reincorporación a la vida normalizada (…) permitirá ir avanzando progresivamente hasta alcanzar a final de la legislatura, en los casos de pobreza severa un mínimo de 580 €/mes (con un hijo a cargo) y los 858 €/mes (con tres personas a cargo). Estas propuestas nacen con la vocación de constituir la última red de protección ante la desigualdad generada por el funcionamiento del mercado, desde la insuficiencia actual del sistema de protección social para reducirla. Pretende actuar como un amortiguador para situaciones de penuria económica, con carácter general, y como inversión en infancia, con carácter específico”.
Finalmente, en los comicios de noviembre de 2019, el PSOE presentó un documento denominado “35 compromisos sociales” en el que en su punto 9 detallaba “Un ingreso mínimo como base de la libertad y los derechos de todas las personas. Mejoraremos las prestaciones por hijo a cargo para los hogares en situación de pobreza y desarrollaremos un mecanismo de garantía de ingresos para hogares altamente vulnerables”