La federación regional de Murcia sigue siendo un quebradero de cabeza para Vox. Precisamente uno de sus mayores caladeros de votos -en las elecciones del pasado 10 de noviembre fueron la fuerza más votada por primera vez en una Comunidad Autónoma- es una de las federaciones más conflictivas.

Y es que el Comité de Garantías del partido ha suspendido de militancia a tres de los cuatro diputados del partido en la Asamblea regional. La decisión ha sido tomada después de que los diputados se hicieran cargo, de manera unilateral, de las cuentas de la formación en la región, y de que decidieran a despedir a cuatro trabajadores de la misma.

Las cuentas, originalmente, estaban a nombre de Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, donde se recibe la asignación por parte del parlamento regional en proporción a los diputados obtenidos en las elecciones autonómicas del pasado mayo -cuatro-. Es una de las principales fuentes de ingreso del partido.

Entre los trabajadores despedidos estaba Javier Pérez, coordinador del Grupo Parlamentario y cercano a la dirección de Santiago Abascal. Según señala eldiario.es, fuentes del partido indican que vino motivado porque los empleados "no estaban cumpliendo con su labor".

El comité de garantias de Vox ha cesado, por dichos motivos, a tres diputados de la federación murciana: Juan José Liarte, portavoz; Francisco Carrera, secretario primero y Mabel Campuzano. Consecuentemente, de los cuatro diputados de la formación en la Asamblea regional, tan solo uno mantiene la afiliación: Pascual Salvador, ex presidente regional y candidato a las pasadas elecciones autonómicas.

Pese a ello, es suficiente para mantener el Gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos en la zona, puesto que sus diputados tan solo necesitan un apoyo parlamentario más -el de Salvador, en este caso- para mantener la mayoría absoluta.

Sin embargo, sí que supone un problema grave para los intereses del partido de Santiago Abascal. Por el momento los expedientados tienen un plazo de 10 días para presentar alegaciones, pero las medidas suspensorias son vigentes desde que son anunciadas, por lo que los tres diputados ahora mismo no se consideran representantes de Vox.

En este caso, si las sanciones se confirman, deberán decidir entre mantener sus escaños -tendrán que ir al Grupo Mixto-, y dejarán a la formación ultraderechista con tan solo un representante o, si entregan sus actas al partido, éste deberá decidir qué tres personas ocupan sus puestos.