El 25 de mayo se reactiva la atención al público en las oficinas de la Administración Pública. Funcionarán con cita previa y capacidad reducida. Las medidas fueron acordadas entre el Gobierno y los sindicatos de Función Pública. La actividad se retomará priorizando el teletrabajo e incorporando personal de forma gradual. Las oficinas podrán permanecer abiertas hasta las 21 horas.
En un principio a las oficinas acudirá el personal imprescindible. Se evitará la incorporación de trabajadores con bajas por incapacidad temporal, con síntomas o en contacto con familiares contagiados. Las personas con enfermedades crónicas, declarados como vulnerables por el Ministerio de Sanidad, y quienes tengan a su cargo menores o dependientes también serán los últimos en reincorporase.
El acuerdo fue firmado entre la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y los sindicatos del área pública. El documento señala que las convocatorias de procesos selectivos se podrán tramitar con carácter ordinario cuando finalice la suspensión de los plazos administrativos declarada por el Real Decreto 463/2020.
Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias se suspenderán las pruebas selectivas presenciales de concurrencia masiva por tiempo imprescindible. Aquellas que se puedan celebrarse por medios telemáticos continuarán su curso, al igual que los procesos que se encuentren en fase de concurso o cuyo sistema selectivo sea el concurso.
Las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audioconferencia o videoconferencia. Se evitarán las reuniones presenciales y los desplazamientos a otras localidades. Se suspenderán todos los viajes de trabajo que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia, ni se permitirá viajar a unidades territoriales diferentes, salvo causas excepcionales y justificadas.
Por último, las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas desarrollarán, con carácter prioritario, su actividad mediante medios telemáticos, con la finalidad de minimizar los posibles riesgos para la salud, respetando en todo caso los términos que determinen las autoridades sanitarias.