Los sindicatos de toda España plantean estrategias y medidas para ayudar a las familias que se vieron afectadas por las consecuencias del coronavirus. Entre ellos la Unión General de Trabajadores reclama la necesidad de una renta mínima vital para las personas y familias vulnerables. Entendiendo que son quienes más están sufriendo la crisis causada por el COVID-19.

El sindicato reclama que se aceleren los procesos para no dejar a nadie atrás. Según declaraciones del Secretario General del sindicato, Pepe Álvarez, “mucha gente no tiene tiempo y necesita esta renta cuanto antes. Cada día sin la renta mínima vital es un día más que las familias no tienen recursos para poder vivir”.

La exigencia al Gobierno se agudiza ante la necesidad de asistir a un millón y medio de personas que no tienen ingresos, ni prestaciones, o trabajaban en economía sumergida. “No acceden a ningún tipo de ingreso, y por supuesto, nadie puede buscar trabajo en la actual situación de confinamiento”, aclaró Álvarez.

Para el sindicato esta renta debe ser inmediata, coyuntural y extraordinaria. No obstante, UGT no renuncia a la demanda sindical de aprobar una prestación de ingresos mínimos con carácter permanente, que deberá negociarse buscando los mayores consensos posibles.

Pepe Álvarez volvió a reclamar la dotación de Equipos de Protección Individual (EPI) y medidas de seguridad para los trabajadores y trabajadoras que tienen que seguir en sus empleos, a la vez que volvió a exigir el control de los precios sobre estos productos, que son básicos para asegurar la protección sanitaria de la población, y evitar así la especulación.

En este sentido, señaló que la garantía a la salud no debe depender de la capacidad económica de las personas para acceder a las mascarillas, y que habría que sancionar a los que pretenden hacer negocio a costa de la salud de las personas aprovechando esta pandemia.

El sindicato considera que es fundamental asegurar el empleo en esa fase de tránsito a la reactivación económica, por lo que será necesario acordar con el Gobierno y con las organizaciones empresariales fórmulas para mantener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como el elemento principal para asegurar los puestos de trabajo y evitar así los despidos.

Según el sindicalista hay que promover una desescalada digna para los trabajadores y trabajadoras y ayudar a las empresas a afrontar esta situación, intentando mantener el tejido productivo lo más intacto posible para su reactivación plena.

Una desescalada en la que el sindicato reclama el reforzamiento de los derechos laborales de algunos colectivos más vulnerables, como los fijos discontinuos o las personas trabajadoras en periodo de prueba que fueron despedidos con motivo de esta crisis, sin ninguna indemnización.

Todo ello, en el objetivo fundamental de que la crisis sanitaria no repercuta en una crisis económica y de derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, y se armen los pilares fundamentales para una reactivación económica digna, eficiente y con derechos.