Tras hacerse público que la Unidad Militar de Emergencia había descubierto residencias en las que los ingresados convivían con numerosos cadáveres, el ejecutivo ha optado por realizar un seguimiento de estas.
La situación provocada por el coronavirus en las residencias de ancianos es completamente caótica. La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación a raíz del caso de la residencia Monte Hermoso. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, comunicó que la UME –Unidad Militar de Emergencia- se había encontrado hasta 19 fallecidos en una visita a sus instalaciones.
El gobierno asegura desconocer cuáles son los datos certeros sobre los fallecidos en residencias, y remite a las Comunidades Autónomas. Oficialmente, hay 906 ancianos contagiados y 118 defunciones. Sin embargo, estas cifras son poco fiables. Algunas administraciones, como Madrid-precisamente, la más golpeada por la pandemia- no ofrecen estos datos.
Nuevas medidas ante la expansión de la enfermedad
El ejecutivo, para paliar el descontrol y el auténtico baile de cifras, ha decidido aumentar el control en los centros. En primer lugar, las residencias quedan sujetas a la inspección de Sanidad. Además, la intención es que los casos leves sean tratados allí, para tratar de ayudar a la descongestión hospitalaria. Las medidas para hacer esto posible no han sido fijadas, pero cabe pensar que la suministración de ciertos medicamentos será habilitada, siempre bajo la supervisión de un facultativo.
El caso de Monte Hermoso no es el único. Según informa Telemadrid, en el centro de mayores Santísima Virgen y San Celedonio, ubicado en el distrito de Chamartín, han fallecido una veintena de residentes, además de dos monjas. La UME ya ha procedido a desinfectar esa residencia, además de otras como la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares y Los Nogales de Hortaleza.
Desgraciadamente, Madrid no es la excepción. La Fiscalía de Cataluña ha abierto una investigación por los doce muertos en la residencia de Capellades y los diez en Olesa. Ambos centros, de titularidad privada, son cercanos geográficamente a la localidad de Igualada, el primer gran foco de infección de Cataluña. La Generalitat también ha anunciado que iniciará una investigación con tal de dirimir si los centros siguieron los protocolos establecidos.
Las plantillas afirman estar desbordadas y verse completamente sobrepasadas por la situación. El sector se queja de falta de personal y de recursos médicos. El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado unas medidas que, según sus propias palabras: “son más estrictas que las recogidas en protocolos anteriores y refuerzan los mecanismos de información”. Sin embargo, para la presidenta de la patronal de la Atención a las Personas, Cinta Pascual, llegan tarde.