Un nuevo frente judicial acecha al que fuera presidente de la Generalitat, y esta vez nada tiene que ver con el denominado "procés". Se trata de irregularidades detectadas en la gestión de la empresa de Aguas de Girona, Agissa, entre los años 1998 y 2013, precisamente cuando el prófugo de la justicia española era alcalde de la localidad.
Al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se le acumulan las causas pendientes con la justicia española. Sin embargo, en esta ocasión, nada tiene que ver con el procedimiento que le ha llevado a ser prófugo: el "procés". Y es que, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada, ya que se han encontrado indicios de criminalidad por irregularidades detectadas en la gestión de la empresa de Aguas de Girona (Agissa), entre los años 1998 y 2013. Hay que destacar que, durante este periodo, Puigdemont era alcalde de la citada localidad.
Tal y como señala "El Mundo" este jueves, lo que se pretende es abrir una nueva causa penal contra el ex president al entender que "pudo cometer delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental" cuando estableció un "canon extraordinario" para el servicio del agua, a través del que luego habría invertido en obras de arte hasta un millón de euros.
Para ello, se habría diseñado "una operación para ocultar" que la colección de arte adquirida por el Ayuntamiento de Girona a los herederos de Santos Torroella se realizó a costa de las cantidades recibidas como consecuencia del establecimiento del llamado "canon inicial" en la concesión del servicio público del agua.
"Se cargó al consumidor final con el importe del canon y, además, con los intereses derivados de la financiación del mismo"
Tanto la juez como Anticorrupción consideran que "se cargó al consumidor final con el importe del canon y, además, con los intereses derivados de la financiación del mismo", sin obviar que el 6 de febrero de 2014, el propio Puigdemont como alcalde de Girona suscribió los denominados "Acuerdos del contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otros objetos de arte en favor del Ayuntamiento de Girona".
La letrada ha remitido estos indicios al Alto Tribunal a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que lleva más de dos años tratando de determinar si existían indicios de delito contra el líder independentista. Cabe recordar que fue la CUP la que inició el proceso en 2015 al presentar una denuncia contra directivos de Agissa. El 19 de septiembre de 2017 la Guardia Civil levó a cabo una operación a la que se denominó "Aquarium", durante la que se llevaron a cabo otros 15 registros, y de la que se desprenden los citados indicios.
Puigdemont acusa a la justicia de buscar su "extradición como sea"
Por su parte, el expresidente catalán ha acusado a la justicia española de buscar su "extradición como sea" tras darse a conocer la noticia. A través de dos mensajes en su perfil de Twitter, Puigdemont ha recordado que hace un año salieron informaciones sobre esta misma cuestión y que su abogado ofreció al fiscal su declaración voluntaria:
"El intento de embadurnarme alegremente era claro y yo lo quería cortar de raíz. Dijo que no me estaba investigando y la descartó"
Por ello, dice desconocer los motivos por los que esta cuestión vuelve a saltar a la palestra, pese a que ha apuntado: "Yo tengo sospechas más sólidas que sus acusaciones. Buscan la extradición como sea".