Netflix pagó el año pasado en España menos impuestos que los que paga un autónomo, en concreto la multinacional de las series tributó 3.500 euros. Facebook pagó menos del millón de euros y lo mismo ocurre con Google. La tecnológica que más paga es Apple y no llega a los 12 millones de euros a pesar que ganan miles de millones de euros. Ante esta situación tributaria injusta, los países europeos quieren ponerle veto, pero aunque todos comparten que hay un problema (más de un centenar de países de la OCDE consideran que las empresas tecnológicas no pagan lo que deben, incluido EEUU) no todos defienden las mismas soluciones.

España quiere ser una de las pioneras y por eso el Gobierno de Pedro Sánchez volverá a reactivar el proyecto de ley para dar luz verde a la denominada ‘tasa Google’. Dicha legislación decayó el año pasado con la convocatoria electoral, pero ahora el nuevo Ejecutivo quiere que sea una realidad. Lo mismo ocurre con la llamada ‘tasa Tobin’ que grabará las transacciones financieras.

El Ejecutivo espera recaudar unos 1.200 millones por el primero de los impuestos que tendrán que pagar empresas con ingresos anuales totales superiores a los 750 millones. La nueva legislación que se quiere aprobar estará en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea para gravar con un 3% los servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación o la venta de datos generados a partir de la información de los usuarios. Por la naturaleza de estos servicios, las grandes empresas como Netflix o Google escapan del marco fiscal de los países y desde el Gobierno se considera que están haciendo una competencia desleal a las empresas de mucho menor tamaño.

España prevé una legislación parecida a la que aprobó Francia, pero que ha paralizado en espera de llegar a un acuerdo con EEUU (de donde proceden las tecnológicas afectadas) ante la amenaza de Trump de imponer aranceles a productos franceses. Ahora habrá que esperar la reacción de Estados Unidos si en España, finalmente, se da luz verde a este impuesto.

A la par que el impuesto digital, se quiere poner en marcha el impuesto a las transacciones financieras para que paguen un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Con esta nueva tasa, que es más difícil de implantar, el Gobierno espera recaudar alrededor de 800 millones de euros al año que irían directamente a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.