El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 1/2020 de 14 de enero, por el que se va a extablecer la revalorización y mantenimeinto de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social.

Al aprobarse esta norma, el conjunto de las pensiones contributivas y no contributivas, además de las clases pasivas del Estado, se revalorizan un 0,9%, con efectos desde el día 1 de enero. La convalidación del Real-Decreto-ley se ha conseguido con 289 votos a favor, 49 abstenciones y ningún voto en contra.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado en su defensa del Real Decreto-ley que "garantizar el poder adquisitivo de los más de 11 millones de personas que reciben una pensión es absolutamente prioritario para este Gobierno". Además, ha añadido que "entre los pensionistas se cuentan algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. La forma más eficaz de conseguir que no se queden atrás es asegurar su poder adquisitivo".

Por otro lado, ha asegurado que “cumplir la promesa del Gobierno mediante la actualización de las pensiones conforme al IPC es solo un paso previo para dirigir nuestros esfuerzos a la búsqueda de soluciones justas y equitativas a los retos de futuro a los que se enfrenta el sistema de pensiones”.

Así, esta medida beneficia a más de 11 millones de personas, entre las que se incluyen los cerca de 10 millones de beneficiarios de pensiones contributivas, 450.000 beneficiarios de pensiones no contributivas, casi 200.000 beneficiarios de prestaciones familiares y alrededor de 650.000 beneficiarios de clases pasivas, que se corresponden fundamentalmente con pensionistas que han sido anteriormente funcionarios.

En su discurso, el ministro Escrivá ha apelado al consenso y ha reivindicado la importancia del Pacto de Toledo, acuerdo que ya en sus primeras recomendaciones incluía “el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”. “Aquel importantísimo acuerdo sirvió para reforzar la confianza de los españoles en la viabilidad del sistema y el consenso allí alcanzado permitió adoptar las reformas necesarias para garantizar su solvencia”, ha detallado.