La Cadena Ser ha destapado este lunes que el Gobierno de Mariano Rajoy destinó 500.000 euros de los fondos reservados en el 2013 y el 2015 para financiar la denominada ‘Operación Kitchen’. El objetivo era proteger al Partido Popular y tapar los posibles casos de corrupción y la caja b de la formación.

Dirigido por el ex comisario Villarejo, el dispositivo tuvo como objetivo espiar a Bárcenas e intentar recuperar y destruir las posibles pruebas que comprometieran a los dirigentes conservadores en la supuesta caja b.

Según ha publicado la Cadena Ser, la documentación del Ministerio del Interior a la que han tenido acceso y que está catalogada como secreta, podría confirmar que el número 2 de interior, Francisco Martínez aprobó la disposición de estos fondos para llevar a cabo la operación. Todo ello se produjo cuando Jorge Fernández Díaz ocupó la cartera de Interior.

El dinero se utilizó, según la investigación, para sobornar al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que permitiera que se colocaran dispositivos de escucha y grabación de video en el domicilio del extesorero en Madrid. Ese dinero también podría haber servido para realizar seguimientos a la familia de Bárcenas e incluso para contratar a un falso cura que secuestró a punta de pistola a la mujer y al hijo de Bárcenas.

La operación secreta solo era conocida por los altos cargos políticos de Interior y por un pequeño grupo de agentes entre los que se encontraba, supuestamente, el que era director Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. El resto de agentes no conocían el objetivo de sus operaciones y en realidad pensaban que estaban trabajando para el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que en aquel momento investigaba la causa y la caja b del Partido Popular.

En sede judicial, el propio Pino afirmó ante el juez que Villarejo tenía un elevado nivel de interlocución con el Gobierno de Mariano Rajoy y que la orden del presidente del Ejecutivo era que “se tratara bien” al comisario, encarcelado desde el año 2017.

Personas cercanas al exsecretario de Estado, Francisco Martínez, han dado su versión de los hechos a la Cadena Ser y han negado categóricamente la información ofrecida por el medio. Es más, han afirmado que tales hechos, al estar clasificados como secretos les impiden hacer cualquier declaración al respecto.

No es la primera vez que los fondos reservados son objeto de controversia La ley que regula estas partidas es la 11/1995 y dice que deben estar dotados de “un especial sistema de justificación y control” y que solo pueden ser destinados a la “defensa y seguridad del Estado”.