La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este miércoles un escrito de acusación contra Ignacio González por la compra fraudulenta de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre los años 2012 y 2014. A González se le acusa de delitos de fraude a la administración autonómica, malversación de caudales públicos por un valor de entre 6,8 y 9,7 millones de euros y también por un presunto reparto de comisiones derivado del sobrecoste de la compra. En total la Fiscalía ha pedido por estos delitos 8 años de prisión y 19 de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid.

Debido al reparto de comisiones están implicados Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y para el que la Fiscalía pide 7 años de cárcel; el que fuera delegado del Gobierno en Ceuta del PP, Luis Vicente Moro (7 años); el exgerente de Inassa, Diego García Arias (2 años) y el exdirector de otra filial del Canal, Ramón Navarro (2 años). Todos obtuvieron una comisión de 813.400 euros exceptuando a Ignacio González que se adjudicó 1,6 millones de euros. Para llevar a cabo este reparto de comisiones, se contó con la colaboración del propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam para el que la Fiscalía pide la misma condena que González.

La exdirectora del Canal, María Fernanda Richmond, también ha sido acusada por la Fiscalía y piden para ella cinco años de prisión debido a que conocía las actividades ilícitas derivadas de la compra y las ocultó de manera voluntaria a los demás miembros del Consejo de Administración.

Estas acciones fraudulentas pertenecen a la Operación Lezo, una causa judicial centrada en la corrupción derivada de la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II, que supuso la detención de González en abril del año 2017.