Se trata de la confirmación definitiva, por parte del Tribunal Supremo holandés,de dos sentencias contra el gobierno de los Países Bajos , a raíz de una querella presentada en 2013 por la ONG Urganda, que exigía políticas mucho más efectivas para reducir en 2020 un 25% las emisiones de CO2 respecto de 1990, - se prevé una disminucion de un 20%-.Urganda argumentó en su día que el cambio climático supone un grave riesgo para la salud y la seguridad humana, es decir para la vida. Y los tribunales le han dado la razón, como previsiblemente sucederá en otros países donde hay causas similares ya en estudio ( Francia, Italia, Reino Unido...incluso en el caso del Tribunal Europeo de Luxemburgo); se comienza así a consolidar una jurisprudencia que consagra el derecho de los ciudadanos a la seguridad climática, y la consiguiente obligación de los gobiernos de tomar las medidas oportunas.
Esta sentencia supone un nuevo y potente incentivo frente a la insuficiente respuesta pública ante la emergencia climática, que se ha manifestado lamentablemente durante la celebración de la COP25, sobre todo por parte de algunos gobiernos: Estados Unidos, Brasil, Arabia Saudí, Rusia...
Para alcanzar acuerdos en Naciones Unidas se requiere la unanimidad de los más de 190 gobiernos de los paises miembros; ello comporta una exasperante lentitud frente a desafíos globales que se agravan a gran velocidad, como es el caso del cambio climático.
Por ello, hay que valorar positivamente algunas de las cuestiones que se han incorporado a las conclusiones de la COP25, dada la dificultad de que todos los gobiernos las aceptaran: la obligación, por ejemplo,de tener en cuenta la perspectiva de género en las políticas climáticas ( dado que niñas y mujeres son especialmente vulnerables ante los efectos del calentamiento global), con un programa específico...; o la consideración explícita de la importancia de la interacción entre los océanos y el clima... o la mención expresa de la necesidad de impulsar y atender los avances de la comunidad científica.
Pero, como demuestra la sentencia del Tribunal Supremo holandés,y, desde luego, la creciente presión ciudadana,-en particular de los más jóvenes- la transición ecológica ya se está produciendo: incluso a pesar de los poderosos intereses económicos, que han frenado el cambio en el modelo energético durante demasiado tiempo, y que siguen teniendo sus principales valedores en los actuales presidentes de Estados Unidos y Rusia.
De hecho, más del 60% de la población norteamericana vive en alguno de los 20 Estados o en algunas de las 500 ciudades que se han comprometido voluntariamente a reducir emisiones de CO2, en línea con el Acuerdo de Paris.
Y algo fundamental: en el ámbito de las finanzas, va aumentando significativamente el número de bancos y fondos de inversión que dejan de aportar financiación a proyectos de extracción o utilización de combustibles fósiles, derivando esos recursos a proyectos de generación y almacenamiento de energías renovables.
Así que comienzan a darse las condiciones necesarias para que la emergencia climática se convierta en una auténtica prioridad de las agendas políticas: más y mejor información disponible que empuja hacia la concienciación de la sociedad, presión judicial sobre gobiernos insuficientemente ambiciosos, menos recursos para las inversiones mas contaminantes...y todo ello, más alla del insatisfactorio acuerdo alcanzado en la COP 25.