Ese mismo año, el 2003, en España comenzaron a registrarse las victimas de violencia de género: 1027 mujeres asesinadas desde entonces (a las que deben añadirse 34 menores) y muchas otras que no están en los registros, como es el caso de Ana Orantes, que conmovió a toda España. Miles de vidas arrebatadas por hombres que se creyeron dueños de ellas y sentenciaron porque sí que ya no merecían seguir siéndolo. En algunos casos, 275 desde que hay registro, ejecutando el asesinato delante de los propios hijos, para cuyo dolor adivino que ni hubo ni habrá consuelo.

Las cifras españolas son escalofriantes, pero a medida que han ido pasando los años han servido para que los poderes públicos, especialmente desde de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tomen cartas en el asunto. Elevar este drama al debate público ya es mucho, aunque evidentemente insuficiente.

En otros países las agresiones a las mujeres, sean del tipo que sean, ni siquiera se consideran violencia. Precisamente, para contribuir a la visibilización y concienciación de esta lacra social la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció en el año 2000 que cada 25 de noviembre se conmemore el Día Internacional contra la Violencia de Género. Ojalá fuese el de este año el último que lo recordásemos, pero los datos no animan al optimismo. Según las cifras que la propia ONU maneja solo dos de cada tres países han prohibido la violencia de género; en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima; y en otros 49 estados todavía no existe legislación que proteja a las mujeres de este tipo de agresiones.

Pero quedémonos con lo positivo para no caer en la desesperanza. Como escribía anteriormente, el esfuerzo de los poderes públicos por conseguir no solo hacer de la violencia de género un problema de toda la sociedad sino por encontrar también soluciones y protección para esas mujeres, ha sido destacable en muchos lugares del mundo. En Europa, por ejemplo, el Convenio de Estambul ?convención del Consejo de Europa considerado el tratado internacional más completo sobre violencia de género? y la Iniciativa Spotlight, impulsada conjuntamente por la Unión Europea y la ONU, son dos ejemplos del compromiso político para combatir esta lacra en el ámbito supranacional.

Tareas pendientes

En España, a la mencionada Ley contra la Violencia de Género, se sumó en diciembre de 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo fin no es otro que erradicar esta forma de atentar contra la mujer. Son dos herramientas muy potentes, sin embargo, aún quedan flecos por atar. Es imprescindible, por ejemplo, reformar la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que si no es un “sí” expreso, se entienda que es un “no”. Esencial es también proteger a los menores de los agresores, por lo que no debería el nuevo Gobierno tardar en reformar de la legislación en materia de familia y menores para garantizar el régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumplimiento condena por violencia de género quede inmediatamente suspendido.

De la misma manera, habrá que vigilar con especial sensibilidad a las mujeres del ámbito rural donde la violencia machista está más silenciada e invisibilizada; a aquellas que cuentan con alguna discapacidad; a las más mayores; y a todos aquellos grupos de mujeres que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia.

Sin embargo, por desgracia, no serán estas mujeres de las únicas de las que tendremos que estar pendientes. Por motivos muy distintos, tendremos que estar alerta también sobre lo que manifiesten otras como Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, que considera al movimiento feminista como “un cáncer”; o de su compañera Rocío Monasterio, que apoya su tesis de que “coser empodera”. Son dos ejemplos, pero aventuro que, desgraciadamente, tendremos que escuchar y leer muchos más.

Las elecciones del 10 de noviembre han fortalecido singularmente a la extrema derecha, cuyo mensaje ha calado preocupantemente entre los más jóvenes. No nos olvidemos de que Abascal y sus secuaces, además de criminalizar al feminismo, pretenden volver a tratar la violencia de género como violencia intrafamiliar o doméstica y que han pedido expresamente al resto de partidos la derogación de la Ley contra la Violencia de Género. Su obsesión es tal, que también han puesto el foco sobre las personas que trabajan con las mujeres maltratadas.

Así las cosas, insisto, tan importante será proteger a estas mujeres como protegernos de este tipo de discursos negacionistas. En este sentido es fundamental trabajar en el ámbito de la educación, de forma que nuestros niños y adolescentes no conciban otro discurso que el del respeto y la convivencia en Igualdad. Es obligación de padres y madres, maestros y profesores, pero también de periodistas, deportistas, artistas, políticos,etc. dar ejemplo y contribuir con nuestras acciones y mensajes a que nuestros jóvenes tengan los suficientes argumentos como para rechazar cualquier relato o situación cotidiana que implique desigualdad. Nos lo debemos para seguir creciendo como sociedad democrática y avanzada. Y se lo debemos a todas las mujeres (y muchos hombres también) que luchan y han luchado, pagando incluso todavía hoy con su vida, para que la igualdad no sea la excepción sino la norma.

Aquí y en cualquier parte del mundo, ni una menos.