El Pleno del Tribunal Constitucional ha hecho público el fallo de una sentencia que avala la extinción de un contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas que superen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos. Esta sentencia responde a una cuestión de inconstitucionalidad presentada por un Juzgado de lo Social de Barcelona respecto al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

En la demanda la mujer denunció una “evidente amenaza de coacción hacia el trabajador enfermo al disuadirle de permanecer en situación de incapacidad temporal por temor a ser despedido”. Para el Tribunal, esto sería justificable cuando se genera un peligro grave y cierto para la salud del afectado en la realización de este trabajo.

La Unión General de Trabajadores ha mostrado su rechazo total a la sentencia y afirma que “antepone la relación laboral con la empresa a la salud de los trabajadores".