Los partidos independentistas catalanes han vuelto al desafío al Tribunal Constitucional y este martes registraron en el Parlamento de Cataluña una resolución que se debatirá y se votará en el pleno en las próximas semanas que incide nuevamente en la petición del derecho de autodeterminación y, además, rechaza la sentencia del procés. Estos preceptos ya han sido rechazados en otras ocasiones por el Constitucional y ahora, nuevamente, los políticos independentistas vuelven a insistir.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha avisado este miércoles a la mesa del Parlament que pueden incurrir, como mínimo, “en un delito de desobediencia”. El titular de Interior del Ejecutivo de Sánchez ha afirmado que “si se llegara a debatir esta cuestión, de esta naturaleza, y fueran aprobados en estos términos en el Parlament, podría haber una comisión de delito de desobediencia al Constitucional”.

El ministro ha evitado adelantarse a los acontecimientos, pero ha asegurado que el Estado de Derecho “funciona” y se volverá a demostrar y que el Gobierno “aplicará la respuesta que el ordenamiento jurídico contempla para cualquier incumplimiento”.

El ministro ha querido también reclamar que “se vuelva a la sensatez” y que los dirigentes catalanes no deberían volver a desafiar el ordenamiento jurídico español “saben lo que acontece en un marco de derecho, que no es otra que la aplicación de la ley”.

Marlaska ha aprovechado también para mandar un contundente mensaje a la Generalitat que ha anunciado que no pretende personarse como acusación particular en defensa de los Mossos atacados durante los desórdenes públicos de la pasada semana. Marlaska ha señalado que “aquí no vale la condena equidistante. Solo realizan actos violentos los violentos” y ha declarado que “Los Mossos y la Policía lo único que hacen es restablecer el orden público y el espacio público de seguridad. Lo que tiene que hacer la Generalitat es respaldar directamente la actuación de los Mossos y de la Policía que es la Policía de todos”.

ROGER TORRENT AFIRMA QUE ASUME LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Por su parte, el presidente de la Mesa del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha defendido el derecho de cualquier parlamento a debatir sobre cualquier tema sin que la justicia ponga ningún tipo de cortapisas ya que eso supondría introducir la censura a los representantes de todos los ciudadanos y ciudadanas. El president Torrent ha puesto como ejemplo que el Parlamento de Extremadura aprobó hace pocos meses que se aplicará el artículo 155 de la Constitución a Cataluña, algo que, según su criterio, también sobrepasa la jurisdicción de dicho órgano pero que ningún tribunal ha cuestionado. Torrent ha dicho que asumirá las consecuencias de admitir a trámite dicha proposición que, ha afirmado, es solo un posicionamiento político. Los letrados del Parlament ya han avisado a los miembros de la Mesa que están dando vía libre para su tramitación a una resolución que impide el Tribunal Constitucional.