La filtración parcial de la sentencia del procés, que ha sido dada a conocer por la prensa de forma parcial y sin estar aún firmada, sigue generando malestar en Cataluña. Según se ha conocido, el Tribunal Supremo finalmente ha descartado condenar por un delito de rebelión consumada a los líderes independentistas en el juicio del "procés", lo que habría supuesto penas de hasta 25 años de cárcel. Al haberse inclinado por el delito de sedición, las penas han bajado considerablemente hasta los 12 años en adelante. La sentencia histórica, de la que se espera recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, ha de hilar fino, ya que estos tribunales suelen ser magnánimos con los reos. El juez Marchena se encuentra muy enfadado por la filtración.
La sociedad catalana del entorno de la Generalitat y el mundo separatista se encuentra revuelta estos días mientras se espera que la sentencia del Tribunal Supremo, sobre el procés catalán sea dada a conocer este lunes 14 de octubre. El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, se encuentra muy molesto con la filtración a la prensa, dado que aún no ha sido firmada por todos los magistrados. Y un voto en contra, para Marchena supondría un grave riesgo de que la sentencia no sea suficientemente sólida frente a un más que probable recurso al Tribunal Constitucional y posteriormente al Tribunal de Estrasburgo.
Todo parece indicar que las penas estarán moduladas para cada uno de los 12 procesados, según su grado de implicación. El fallo se hará público, previsiblemente, a comienzos de la semana que viene. Lo que si que indica la filtración es que al haberse desechado el delito de Rebelión (que implica violencia en las actuaciones) y dejado el de sedición, o indución a la sedición, además de malversación, desobediencia y otros, las penas que podrían subir todas de 25 años hasta 74 años de cárcel, podrían rondar los 12 años.
Tras ser descartada la rebelión consumada, se abren otras opciones, como el delito de sedición. Para poner en contexto el inminente fallo del Supremo, la diferencia entre rebelión y sedición radica en que la primera persigue conductas que pretenden modificar las estructuras del Estado, mientras que la segunda consiste en promover actos tumultuarios para impedir la aplicación de las leyes.
Los jueces habrían concluido que, al menos, tuvieron lugar dos días de violencia, que son la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre y la del asedio a la comitiva judicial que registró la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En la sentencia se señalaría que no hay pruebas de que los líderes separatistas instigaran o promovieran estas concentraciones con la finalidad de alcanzar la independencia por la fuerza. Pese a esto, entienden que hubo violencia en la resistencia a los agentes antidisturbios aunque sin alcanzarse el grado de rebelión.
En cuanto al delito por malversación de fondos, por presuntamente destinar dinero público al referéndum ilegal, la Fiscalía considera que quedó más que acreditado en el juicio y que puede ocasionar penas de entre dos y cuatro años más de cárcel.
El Govern pide una respuesta "contundente" ante la sentencia
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha pedido este viernes una respuesta "contundente, masiva pero cívica, democrática y pacífica" de la sociedad civil organizada a la sentencia del 1-O.
"Cualquier sentencia que no sea absolutoria es muy grave y esto requiere una respuesta, por parte del Govern y por parte de la sociedad civil organizada que sea contundente, masiva pero cívica, democrática y pacífica", ha afirmado en una entrevista de la "Revista Mirall".
Budó ha asegurado que el Govern está preparado para dar una respuesta al fallo del Supremo y que hará "la respuesta que le corresponde", y que el Parlament también tendrá un papel destacado.
Ante las movilizaciones previstas, ha sostenido que al Govern le tocará "garantizar el derecho de movilización de todos los ciudadanos, el derecho a protesta, la libertad de expresión y opinión", pero también los derechos de los que no quieran manifestarse.
"Respetaremos que la gente se movilice, concentre y manifieste contra esta injusticia política flagrante. A la vez, tendremos que garantizar los derechos de los que quieran seguir con su vida más cotidiana y que los servicios mínimos y suministros se garanticen", ha concluido.