La Asamblea Nacional era un órgano con labores consultivas y fiscalizadoras cuyos miembros eran nombrados directa o indirectamente por el Ejecutivo. La novedad llegó cuando se designó a 13 mujeres para formar parte de él. Algunas de las de las congresistas más destacadas fueron la Marquesa de Miravalles, que formaba parte del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas o María Domènech y Escoté, socióloga y poeta fundadora de la Federación Sindical de Obreras, que trabajó por el acceso de las mujeres a la cultura y la educación. Pertenecieron también a Acción Católica de la Mujer María de Echarri Martínez, inspectora de trabajo, que promovió mejoras laborales para las obreras, y María López de Sagredo, que accedió al cargo con intención de llevar a la Asamblea Nacional los problemas de la mujer y la infancia.

A algunas mujeres ya se les había permitido votar en el caso de ser solteras, viudas o estar emancipadas y el Estatuto Municipal también permitía a las mujeres cabeza de familia ser elegidas para la administración local. Desde 1925 ya había varias concejalas en distintos ayuntamientos e incluso algunas alcaldesas. De hecho, varias de las asambleístas eran también ediles.