En la ya lejana investidura fallida de Pedro Sánchez, en el mes de julio, el presidente en funciones lanzaba un mensaje inequívoco a Unidas Podemos y al resto de formaciones políticas que con su voto bloquearon la posibilidad de que España tenga hoy un Gobierno con plenas funciones. El líder socialista avisaba que nuestro país se enfrenta en los próximo meses y años a desafíos que requieren y requerirán que nuestro país tenga un Gobierno fuerte que adopte decisiones de enorme transcendencia.

Hoy, con España preparándose para una nueva convocatoria electoral, el tema catalán, el brexit o los aranceles impuestos por EEUU a los productos agroalimentarios españoles confirman que el aviso de Pedro Sánchez ya ha convertido en una realidad.

Así se puede desprender de los temas tratados en el Consejo de Ministros de este viernes de los que ha dado cuenta en rueda de Prensa la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. La titular de Educación, acompañada del ministro de Agricultura, Luis Planas, y de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha querido, no obstante, trasmitir un mensaje de tranquilidad y ha afirmado que aún con el Ejecutivo en funciones, tienen mecanismos “institucionales” y “leyes” que harán que España dé respuestas a los desafíos nacionales e internacionales de forma satisfactoria.

La portavoz ha negado que este ejecutivo sea “un gobierno disfuncional” y ha afirmado que se hará frente a dichos desafíos “con sentido común, confianza y determinación. El gobierno en funciones responde así a las “emergencias” que ocurren en nuestro país con la situación en Cataluña, el Brexit o los aranceles a productos españoles por parte de Estados Unidos.

Celaá ha tachado los aranceles de “inaceptables”, término que también ha empleado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, que ha reiterado el “apoyo” del Ejecutivo a los productores de los alimentos afectados por las “represalias” de Estados Unidos. Planas ha avanzado que el Gobierno mantendrá contactos la semana que viene con las comunidades autónomas y los sectores afectados, así como con la Comisión Europea sobre este asunto.

Planas ha comparecido para informar de la deliberación del Gobierno en relación a la lista provisional de productos de la UE a los que se aplicarían aranceles adicionales por parte de EE.UU. como compensación por las ayudas públicas concedidas al consorcio Airbus (España, Reino Unido, Francia y Alemania), conflicto dirimido en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En España esta lista afecta básicamente al sector agroalimentario de forma muy significativa, ha explicado el ministro. El Gobierno de España considera “inaceptable” que el sector agroalimentario español pueda sufrir las represalias comerciales de un conflicto de la industria aeronáutica. Ha confiado en el margen de negociación que aún existe entre la CE y EE.UU, ya que el próximo 14 de octubre se reúne en Ginebra el órgano de solución de diferencias de la OMC y que esta lista, que afecta no solo a los 4 países del consorcio Airbus, sino a todos los Estados miembros, se anule total o parcialmente.

La postura del Gobierno de España es de “instar firmemente” a la CE para que lleve a cabo todas las acciones necesarias para que “esa lista no llegue a entrar en vigor como tal”.

ESPAÑA, PREPARADA ANTE UNA EVENTUAL CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL

La economía y los datos internacionales que muestra una ralentización de la misma y la llegada de una posible crisis también ha sido un asunto discutido en el seno del Ejecutivo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que nuestra economía tiene buenos marcadores pero el gobierno “opera con prudencia” ante la situación internacional. La guerra comercial entre China y EEUU, que ya afecta directamente a la Unión Europea y a España, el desarrollo del brexit, el enfriamiento de la economía, etc. Son indicadores que hace que ya haya que estar alerta. Las autoridades llaman a la prudencia ya que el miedo a una nueva crisis económica podría ser el desencadenante de la propia crisis. Sin embargo, Calviño ha manifestado que “España no puede estar aislada de los riesgos globales” y ha reconocido que las cifras que llegan dibujan un panorama en el que la “ralentización es mayor de la esperada”.

Aun así, la titular de economía ha querido huir del “catastrofismo” y ha recordado la fortaleza de nuestra economía en la que se han subsanado “los desequilibrios” que tenía en el pasado. Así, ha explicado que ahora no hay una burbuja, como hace unos años, y tanto las empresas como las familias tienen capacidad para afrontar la situación.

EL GOBIERNO TRABAJA PARA DESBLOQUEAR EL DINERO DESTINADO A LAS CCAA

En el orden económico, la ministra de Economía, ha explicado que el Ejecutivo sigue trabajando para encontrar la fórmula “legal” que le permita desbloquear para las Comunidades Autónomas el dinero que se les adeuda por las denominadas “entregas a cuenta”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció esta semana, que este tema estará solucionado antes de las elecciones del 10 de noviembre. La ministra así lo ha ratificado.

Las Autonomías se encuentran en pleno desarrollo de sus leyes de presupuestos para el 2020 y es muy importante que sepan qué dinero se les va a transferir por parte del Estado central. Además, esperan la llegada de casi 8.000 millones de euros de los ingresos no financieros del año 2018 que ya se incluyeron en sus presupuestos y que las administraciones regionales necesitan para financiar servicios esenciales como la sanidad o la educación.

EL GOBIERNO HA APROBADO DOS INCIDENTES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA RESPECTO A CATALUÑA

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes pedir al Tribunal Constitucional que advierta a la Mesa del Parlamento de Cataluña que algunas de las resoluciones que ha aprobado incumplen las resoluciones del Tribunal, al que reclama que suspenda varios acuerdos, los declare nulos y aperciba a los miembros de ese órgano de las responsabilidades en las que pueden incurrir.

El Ejecutivo presenta lo que se denominan incidentes de ejecución de sentencia contra la aprobación por el Parlament el pasado 25 de julio de una resolución contra el Rey y otra en la que se reafirma en la defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña.Según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celaá, el Gobierno entiende que se incumplen varias sentencias del Tribunal Constitucional con estos acuerdos, por lo que pide que sean anulados y suspendidos. Reclama además al Tribunal que advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa de que es su obligación cumplir las sentencias e impedir iniciativas que las ignoren o eludan.