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Isabel Díaz Ayuso muestra su cercanía a Vox y asegura que le espanta la Ley de Memoria Histórica

Isabel Díaz Ayuso muestra su cercanía a Vox y asegura que le espanta la Ley de Memoria Histórica

Tras pasar 130 días desde las elecciones autonómicas de mayo, la Asamblea de Madrid ha celebrado su primera sesión de control al gobierno de PP y Ciudadanos presidido por Isabel Díaz Ayuso. Y se ha podido vislumbrar la cercanía del Ejecutivo autonómico con la ultraderecha de Vox. A una pregunta de Rocío Monasterio, portavoz de la formación ultraderechista, sobre la exhumación de Franco, la presidenta Ayuso ha afirmado que “me espanta la Ley de Memoria Histórica y me espanta tener que remover las heridas”, y ha admitió que la Comunidad no tiene competencias para intentar paralizar la exhumación.


La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una medida incluida en la Ley de Memoria Histórica y aprobada por el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra, ha llegado a la discusión política en la Asamblea de Madrid tras una pregunta de Vox a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La líder del Ejecutivo regional ha aprovechado para mostrar su cercanía con la ultraderecha que la aupó con su apoyo al puesto que ahora ocupa y su confrontación con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien acusa de querer in en contra de “la Transición, la Corona y la Constitución”.

Díaz Ayuso ha dicho que le espanta “la Ley de Memoria Histórica” y también “tener que remover heridas o abrirlas”. Así ha respondido a Vox que pide a Ciudadanos y PP que impidan la exhumación de Franco ya que tienen las competencias para hacerlo. El Ejecutivo regional no irá tan lejos, porque no puede, pero la líder popular sí ha aprovechado la cuestión para lanzar la primera andanada política contra el Gobierno de la nación. Para Ayuso, Pedro Sánchez es el gran culpable de que se esté hablando de este tema y de querer ser “más de Podemos que Pablo Iglesias” al alejarse de “promover la unidad de los españoles o de resolver los problemas”.

La presidenta regional cree que Sánchez va en contra de “la Transición, la Corona, la bandera y la Constitución porque simbolizan fortaleza, instituciones y convivencia. Y después se ha preguntado ante los diputados autonómicos “¿qué será lo siguiente? ¿La cruz del valle, parroquias del Valle, arderán como en el 36?”

En cuanto a las competencias de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha confirmado que su Gobierno se va a limitar a “ejercer sus competencias y cumplir la ley” les guste o no les guste. En este sentido, ha recordado que el reglamento de la sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid establece que las exhumaciones de restos de más de cinco años tras el fallecimiento están exentas de pedir autorización sanitaria. De esta manera ha confirmado que no está en su mano paralizar o impedir la exhumación del dictador como le pide su socio parlamentario de Vox.

A pesar de la dureza de las palabras de la dirigente del PP, no parece que haya servido para calmar a los diputados madrileños de Vox. Su portavoz, Rocío Monasterio les ha asegurado que tienen en su mano posicionare contra la exhumación del dictador, pero “no lo quieren hacer”. La líder ultraderechista ha constatado que “no vamos a ser nosotros los defensores de las competencias de las comunidades autónomas, pero sí de la lealtad y libertad. Este asunto trasciende más allá de las comunidades porque es elegir posiciones con Sánchez, ser cómplices, o estar enfrente”.

Monasterio considera que la medida aprobada por el Gobierno de Sánchez y que ha sido recientemente avalada por el Tribunal Supremo supone “un ataque al orden constitucional” y ha acusado tanto a PP como a Ciudadanos de romper el legado de la Transición con su “silencio frente a la Ley de Memoria Histórica”.

Toda esta polémica política ha llegado a la Asamblea de Madrid tras 130 días desde que se celebraran los comicios autonómicos el pasado 26 de mayo. No deja de resultar curioso que después de tanto tiempo sin que haya habido ningún pleno ordinario en el que se deberían abordar los verdaderos problemas de los madrileños, los partidos de la derecha hayan decidido que su primera preocupación sea ver quién es más duro contra el presidente Sánchez por haber llevado a cabo una medida incluida en una Ley, aprobada por el parlamento y que, en palabras del líder socialista supone que “España cierra un círculo democrático”.

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