El Gobierno ya cuenta desde este pasado martes con un informe de la Abogacía del Estado que confirma la postura del Ejecutivo para no poder desbloquear más de 7.000 millones de euros que debería entregar a las Comunidades Autónomas en concepto de financiación a cuenta y del ajuste en la contabilidad del IVA.

Muchas de las Autonomías incluyeron este dinero en sus presupuestos y al no recibirlo ya están sufriendo tensiones de tesorería y se preparan para ajustarse el cinturón lo que implicaría recortes en numerosas partidas. No es una cuestión que afecte a un solo territorio, sino que todos los gobiernos regionales, independientemente de su color político, piden ya al Gobierno de Pedro Sánchez que busque una solución urgente. Sin embargo, el Ejecutivo central está atado de pies y manos ya que al encontrarse en funciones no puede hacer nada.

Los partidos de la oposición acusan a gobierno socialista de utilizar esta situación para presionar al resto de formaciones para que desbloqueen ya la formación de un nuevo Ejecutivo. Pero la propia ministra Montero afirma desde principios de agosto que el Ejecutivo no está en eso sino en buscar una solución al urgente problema de la financiación autonómica.

Ahora, el informe de la Abogacía del Estado señala que un Gobierno en funciones no puede aprobar presupuestos y tampoco puede aprobar los anticipos a cuenta de la financiación de las Autonomías. Según dicho informe que ha adelantado el diario El País, el Tribunal Supremo tiene una abundante jurisprudencia sobre este aspecto y ya en 2005 señaló que “el Gobierno en funciones ha de ejercer sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”. La Abogacía del Estado, por tanto, hace suyo este criterio y recuerda al Gobierno que tiene prohibidas las decisiones que supongan “orientaciones políticas” como son las “revisiones de las entregas a cuenta a las comunidades”.

La imposibilidad de trasladar esa importante cantidad de dinero a las Autonomías lleva produciendo importantes choques entre los gobiernos regionales y el central. La Generalitat de Catalunya ha sido la más combativa y esta misma semana el Govern aprobaba presentar un recurso contra el Gobierno por no pagarle los más de 1.300 millones de euros que le corresponden por el sistema de financiación. El resto de Autonomías no han ido tan lejos como la catalana, pero también han reclamado que se desbloquee las transferencias que se les debe porque se están viendo afectadas las cuentas regionales y muchos anuncia ya que no podrán cumplir con los objetivos de déficit, como también anuncian futuros recortes.

La compleja financiación autonómica está detrás de este bloqueo que se produce al tener al Gobierno de España en funciones. En dicho sistema es Hacienda la que recauda y transfiere a las autonomías la parte que le corresponde a cada Autonomía del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales en función de la estimación de ingresos que se espera para el año siguiente. Pero si dicha recaudación es superior, como ha ocurrido ahora, el Estado abona la diferencia. El problema es que un Gobierno en funciones no puede desbloquear ese dinero que ya está en manos del Estado.

El Partido Popular ha aprovechado esta situación para atacar al gobierno. Desde las autonomías gobernadas por los populares como Galicia, la Comunidad de Madrid o Andalucía se ha cargado contra la ministra de Hacienda y contra el Ejecutivo. Esta semana pedían en el Senado un debate urgente sobre financiación autonómica, algo que la mayoría absoluta del PSOE impidió ya que afirman que no hay capacidad normativa para hacer las transferencias del dinero que solicitan las Comunidades.

Pero el Gobierno sigue buscando soluciones. La propia ministra Montero ha afirmado este miércoles en una entrevista en Onda Cero que siguen “profundizando en la ley” para encontrar fórmulas que permitan “abrir l posibilidad” de actualizar la entrega a cuenta ya que considera y son conscientes de las necesidades financieras de las CC.AA. De hecho, llevan tiempo afirmando que de desbloquearse la situación política, el nuevo gobierno abordaría de inmediato este asunto con la aprobación de un decreto ley que liberase este dinero. Pero el fantasma de las elecciones asusta ya que la situación puede empeorar si hay que volver a las urnas el 10 de noviembre lo que significaría que el bloqueo financiero seguiría incuso hasta principios del año próximo. Por eso, por ejemplo, desde Galicia avisan que si no se encuentra una solución podrían tener problemas para abordar incluso el pago de las nóminas de los empleados públicos a finales de este año.

CIUDADANOS PEDIRÁ LA REPROBACIÓN DE LA MINISTRA MONTERO

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, ha anunciado este miércoles que su formación va a pedir la reprobación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su petición se basa en que acusan a la titular de Hacienda de mentir sobre la existencia de un informe que avala la imposibilidad de que el Gobierno reparta entre las Comunidades Autónomas el dinero a cuenta de la financiación autonómica y también las cantidades que deben transferir por el ajuste del IVA.

Para Ciudadanos, las declaraciones de la propia ministra demuestran que tal informe no ha estado en manos del Ejecutivo hasta este pasado martes. Además, la formación de Rivera acusa a la ministra socialista de hacer un uso partidista de una institución como es la Abogacía del Estado y por eso prepara una materia de preguntas en la cámara baja sobre este tema.

No se queda ahí solo la iniciativa parlamentaria de los ‘naranjas’ ya que quieren presentar una proposición de ley para que se modifique la legislación y se impida que un gobierno se escude de que está en funciones para no transferir el dinero de la financiación autonómica a los gobiernos regionales.

Sin embargo, la propia Ministra explicó que el Ejecutivo tiene conocimiento de manera "verbal" del informe de la Abogacía del Estado y que ha sido este martes, a requerimiento del propio Ejecutivo, cuando les ha llegado dicho informe. Montero se ha sorprendido de que la oposición no sepa que dichos informes puedan ser "verbales o escritos". Además, la titular de Hacienda ha mantenido que el criterio que está manteniendo es el mismo que en su día fijó el entonces ministro de Hacienda Cristobal Montero, del PP. Y ha vuelto a recalcar que un Gobierno en funciones y con un presupuesto prorrogado no puede, por ley, transferir el dinero a cuenta del 2017 como piden ahora las Autonomías.

UNIDAS PODEMOS TAMBIÉN PIDE EXPLICACIONES A MONTERO

El que quiere ser socio del Gobierno en esta Legislatura que no termina de echar a andar, Unidas Podemos, se ha situado este miércoles del lado de PP y Ciudadanos y a través de su diputada de Esquerra Unida, Roser Maestro, ha pedido explicaciones a la ministra de Hacienda por su “irresponsable gestión” de la financiación autonómica. Desde la formación morada aseguran que van a pedir el informe de la Abogacía del Estado que avala la posición del Gobierno y reprochan al Ejecutivo de Sánchez de poner excusas “de mal pagador” para no transferir el dinero que reclaman las autonomías.

DESDE CANARIAS SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE UNA “LEY EXPRES” QUE SOLUCIONE EL PROBLEMA

El Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha instado al Ejecutivo Central a que busque con urgencia una solución a un problema que afecta a quince Comunidades Autónomas y que pone en riesgo el equilibrio presupuestario y la prestación de servicios públicos básicos como la educación y la sanidad.

Román ha sugerido la posibilidad de que se tramite de manera urgente en las Cortes una “ley exprés” que dé cobertura legal al Gobierno para que desbloquee el pago a las Comunidades Autónomas. "La única salida a este atolladero es que los grupos parlamentarios o el propio Gobierno central promuevan una iniciativa legislativa para permitir el pago de estos fondos, a través de una modificación legal, si se quiere de carácter excepcional", subrayó.

"Es difícil que alguien se pueda oponer a una solución de este tipo si jurídicamente es posible, dada la magnitud del problema. Si el Ejecutivo no puede resolver un problema por una dificultad legal, el Legislativo debe actuar para dar respuesta a una necesidad objetiva de quince comunidades autónomas, cuyas cuentas están seriamente comprometidas", concluyó.