Las alarmas de todas las Comunidades Autónomas están disparadas desde hace meses. La falta de un Gobierno de España y el peligro de la repetición electoral hace que las cuentas de todos los gobiernos autonómicos salten por los aires.

El sistema de financiación autonómica fija todos los años en las Presupuestos Generales del Estado las cantidades que recibe cada región para sufragar los gastos de las competencias asumidas por las Autonomías como sanidad o educación. Este año, todas las regiones están recibiendo de Hacienda lo que les correspondía en las cuentas públicas que están en vigor, las prorrogadas del 2018 que realizó el último Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, el proyecto de Presupuestos que presentó el PSOE y que tumbaron los partidos de la Oposición y precipitó el adelanto electoral, preveían alrededor de 4.700 millones de euros más en entregas a las Comunidades Autónomas y 2.500 millones de euros más por el ajuste del IVA.

Los distintos gobiernos regionales hicieron sus presupuestos dando por hecho estas entregas actualizadas y ahora se encuentran con el ‘drama’ de que no recibirán ese dinero. Por eso, muchas Autonomías deben apretarse el cinturón y otras ya cuentan con que no podrán cumplir con el objetivo de déficit público que se fija en el 0,1%.

La Comunidad más combativa contra el Gobierno en funciones es Cataluña que la semana pasada anunció que va a presentar ante la justicia un recurso contra el Gobierno por no pagarle lo que entienden que les corresponde. La consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Torra considera que el Estado le debe 1.317 millones de euros de los que 874 corresponden a la actualización de las entregas sin actualizar y otros 443 millones del IVA.

El problema, según fuentes del ministerio que dirige Mará Jesús Montero es que sin Presupuestos Generales el Gobierno no puede hacer esas entregas. Desde los diferentes Gobiernos Autonómicos se pide al Gobierno en funciones un mecanismo que permita liberar ese dinero, pero no parece sencillo.

Además, si finalmente vamos a una repetición electoral la situación económica se agravaría porque encararíamos el 2020 con una nueva prórroga de las Cuentas Públicas. Se trata de una razón más para que los partidos políticos se pongan de acuerdo y finalmente desencallen la situación política para que nuestro país cuente ya con un Ejecutivo con todas las funciones. Si eso sucediera su primera tarea seria empezar a trabajar en unas nuevas cuentas que entraran en vigor el próximo 1 de enero de 2020. Aún hay tiempo, pero si se repiten los comicios, que se celebrarían el 10 de noviembre, ya no daría tiempo a tramitar las nuevas cuentas y se empezaría el año con las que realizó Rajoy.

No solo Cataluña está reclamando el pago de esas cantidades. Prácticamente todos los gobiernos lo hacen, aunque algunos con más intensidad que otros. La Comunidad de Madrid reclama 1.237 millones de euros por los mismos conceptos que lo hacen desde la Generalitat. Evidentemente, desde la región madrileña no se van a alinear con los que “quieren romper España”, según afirman por lo que descartan la vía judicial. Pero eso no es óbice para que arremetan contra el Gobierno central. Desde Extremadura mantienen una posición parecida, aunque el socialista Guillermo Fernández Vara pone el foco en la imposibilidad del Ejecutivo de Sánchez de poner solución al problema mientras esté en funciones.

La también socialista Francina Armengol pide una “vía política y de diálogo” para que puedan recibir los 177 millones de euros que tienen pendientes (99 de las entregas y 78 del IVA). Y la Generalitat Valenciana de Ximo Púig espera también recibir lo antes posible los 450 millones de euros a cuenta y los 237 millones del IVA.

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, reclama 700 millones de euros que es la suma de los 330 millones de las entregas a cuenta, 200 del IVA y 170 del incentivo que les corresponde por cumplir con los objetivos de estabilidad. Al igual que Cataluña, el portavoz del PP en el Parlamento de Galicia no descarta acudir a la justicia para reclamar esas cantidades.

El resto de autonomías también reclaman importantes cantidades al Estado: Asturias 200 millones; Castilla-La Mancha 360 millones; Cantabria 135 millones; Canarias 223 millones; Castilla y León 420 millones; Y Aragón 400 millones.

Una nueva prórroga presupuestaria haría, además, que las Comunidades Autónomas tengan que hacer sus propios presupuestos prácticamente a ciegas ya que no sabrían qué dinero del Estado recibirían para el año 2020 lo que dificulta aún más las cosas. Y todo este problema tiene como denominador común que los servicios públicos que gestionan las Autonomías se verán afectados.

Ante este problema, el PP ha reclamado un debate en el Senado sobre la financiación autonómica en el que se reúnan los representantes de las Autonomías y la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Este martes, el presidente del Senado, Manuel Cruz, ha convocado la Diputación Permanente y se prevé que se discuta la posibilidad de poner en marcha la Comisión General de Comunidades Autónomas para abordar el problema.