La nueva normativa, que previsiblemente será impugnada en los tribunales, está llamada a reemplazar el denominado Acuerdo Flores, un pacto que implica la liberación de las famiklias en 20 días y que, en opinión del actual Gobierno, incita a los inmigrantes a entrar en Estados Unidos.

El propio presidente, Donald Trump, ha justificado la reforma como una "necesidad humanitaria urgente", en aparente alusión a la llegada creciente de migrantes centroamericanos. "Para proteger a los niños de los abusos y detener el flujo ilegal, debemos cerrar los vacíos legales", ha aseverado el mandatario en un comunicado.

Según los datos del Departamento de Seguridad Interior, en los últimos cuatro años, solo el 18 por ciento de los inmigrantes que fueron liberados en Estados Unidos cumplió con una orden judicial para salir del país. El dato, en cambio, se eleva al 97 por ciento en el caso de quienes estaban detenidos.

La última medida ha sido recibida con críticas por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y también del Partido Demócrata. El líder de esta formación en el Senado, Chuck Schumer, ha lamentado que "la crueldad de la Administración Trump no tiene límite" y ha acusado al Gobierno de buscar prolongar el arresto de niños en "condiciones horribles" y de castigar a familias "inocentes".