Vox exige y la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid cumple. Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera en aceptar reformar artículos de las normas educativas y LGTBI, o suprimir "las ayudas a los inmigrantes ilegales" entre otras medidas programáticas que el partido de ultraderecha exige para contar con su apoyo. Por otro lado, Ignacio Aguado ya ha rechazado las mismas, lo que abre la puerta a negociar con otras formaciones.

El socialista Ángel Gabilondo logró romper el pasado 26 de mayo 24 años de hegemonía del PP en la comunidad. Sin embargo, su victoria fue agridulce, ya que no cuenta la mayoría suficiente para gobernar, a pesar de que cuenta con el apoyo de Más Madrid y Podemos.

Un mes después de la cita con las urnas las negociaciones entre los tres partidos de derechas siguen bloqueadas, mientras que el PSOE ha recordado a la formación naranja que están abiertos a negociar.

El próximo 11 de julio es la fecha tope para la celebración del pleno de investidura de un candidato a presidente en la Asamblea de Madrid.

A continuación reproducimos las "BASES PARA UN ACUERDO DE INVESTIDURA EN MADRID: EN DEFENSA DE LA LIBERTAD, LA IGUALDAD, LA SOLIDARIDAD, LA SEGURIDAD Y EL PLURALISMO" que ofrece el PSOE:

La legislatura autonómica que concluyó con las elecciones del pasado 26 de mayo supone 24 años de gobiernos del Partido Popular, jalonados por sus vinculaciones profundas con la corrupción e incapaz de hacer frente a los múltiples desafíos que los gobiernos de ciudades y regiones de todo el planeta han asumido en la última década.

Desde que estallara la crisis económica de 2008, al menos en los países del entorno europeo, tres grandes retos han marcado la agenda política del conjunto de instituciones y sociedades, con independencia de la orientación ideológica de sus gobiernos: el progresivo y preocupante aumento de la desigualdad y la pobreza, la inaplazable y necesaria intervención sobre la emergencia climática y la exigencia de una aceleración urgente de la agenda para la igualdad entre hombres y mujeres que ha impulsado el movimiento feminista, especialmente fuerte en nuestro país.

El conjunto de Europa debate la forma de abordar dichos retos fortaleciendo nuestras instituciones democráticas y salvaguardando los principios y valores que han permitido el mayor periodo de paz y estabilidad. Madrid, como región capitalina europea, no puede seguir al margen de este debate sumida en el desgobierno de la corrupción y el clientelismo, y mucho menos puede retroceder en el reconocimiento de la riqueza de la diversidad de su sociedad y en la defensa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Madrid no puede postergar el reto de consolidar una democracia para el siglo XXI; esto es, un modelo de convivencia en el que las libertades y los derechos conforman una base sólida que permita alcanzar el bienestar social.

Madrid tiene la oportunidad de construir, en base a la pluralidad política de nuestra sociedad que ha sido expresada con nitidez en el resultado electoral, un gobierno de sólidos principios civiles y democráticos, que asuma que la democracia no sólo es un procedimiento sino que fundamentalmente es una forma de garantizar la libertad individual y la igualdad de derechos. También es imprescindible la solidaridad que hace posible que todos, hombres y mujeres, dispongamos de las condiciones necesarias para el verdadero ejercicio de la libertad, en el marco de una relación con nuestro entorno y nuestro planeta que extiende la solidaridad al futuro de las generaciones venideras. Ésta es la mejor forma de anclar la seguridad personal y colectiva, no sólo en las instituciones que garantizan normas iguales para todos y todas, sino también y fundamentalmente en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales compartidos.

La calidad democrática de una región también se mide en términos de igualdad de género. Una condición necesaria para que una sociedad sea genuinamente democrática es que esté corresponsablemente gestionada por hombres y mujeres en igualdad. En Madrid aún existen situaciones inaceptables de desigualdad entre hombres y mujeres Además, la violencia machista sigue persistiendo como una de las manifestaciones más brutales de esta desigualdad estructural a la que no solo tenemos que dar respuesta en términos de atención y protección a las víctimas, sino que hemos de comprometernos con su erradicación, para lo cual es imprescindible lograr una sociedad igualitaria, de manera que las políticas de igualdad son, en sí mismas, el mejor revulsivo contra estas formas de violencia.

No es aceptable que en Madrid se niegue la violencia de género. Negar el concepto es negar la existencia de un fenómeno que provoca la interposición de una media de 20.000 denuncias anuales y que ha provocado que 106 mujeres hayan sido asesinadas desde que se recaban datos en la Comunidad.

Un gobierno democrático que mira al futuro en busca de una sociedad mejor no puede dejar de comprometerse con cambiar un modelo de relaciones sociales que sitúa a las mujeres en condiciones de inferioridad con respecto a los hombres.

Una región que no coloca en el frontispicio de sus políticas públicas lo que afecta a más de la mitad de su población no será plenamente democrática, por lo que es necesario reconstruir todo un modelo social, político, cultural y económico que permita la plena participación, la plena libertad y la plena seguridad de las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. Queda mucho por hacer y no vamos a dejar solas a las mujeres, ni a sus hijos e hijas menores. Sus derechos más fundamentales, su vida, su libertad y su seguridad están en juego y no vamos a permitir ni un solo retroceso en los derechos y mecanismos ya consolidados.

Junto a la libertad y a la igualdad, estamos comprometidos con la solidaridad. Tenemos la firme voluntad de reducir al máximo el sufrimiento humano, el sufrimiento ajeno, que en una sociedad decente y humanizada no es ajeno sino compartido. Para ello es imprescindible la amistad civil, un sentimiento inclusivo de ciudadanía y la solidaridad que se traducen en la construcción conjunta de unos servicios públicos de calidad que aseguren el bienestar de los ciudadanos. Los servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, universidades e I+D+i, cultura, dependencia…) forman parte de los pilares esenciales de una sociedad con calidad democrática, de un Estado social y democrático de Derecho tal y como consagra a España nuestra Constitución.

Desgraciadamente en la Comunidad de Madrid se han deteriorado progresiva y severamente esos servicios públicos y derechos fundamentales, y ha sido bajo sucesivos gobiernos más preocupados por su privatización y descrédito que por la inversión, calidad y eficacia de los mismos. Su crítica situación aumenta los problemas de desigualdad, la falta de oportunidades y las inequidades, y pone freno al desarrollo de políticas públicas que evidencien la obligada solidaridad con las generaciones futuras tal y como requiere la emergencia climática. Estamos obligados, en todas las regiones y ciudades del planeta, a generar programas de adaptación a la vez que nos preparamos para reducir y mitigar sus efectos.

La herencia política de un partido asediado por la corrupción y la suma a éste de la extrema derecha, rechazada en Europa por la promoción del odio y el enfrentamiento civil, representan un nuevo peligro para los retos de nuestra región que la ciudadanía madrileña no merece y no se puede permitir. Por eso, debemos profundizar en el mensaje civilizador y cohesionador que nos ofrecen los valores elementales de libertad, igualdad, solidaridad, seguridad y pluralismo.

En efecto, uno de los mayores desafíos de las democracias en el siglo XXI afecta al último valor, expresión de la libertad pero que goza de autonomía propia: el pluralismo. Supone el reconocimiento del principio de inclusión y la vacuna más poderosa contra la tiranía de la mayoría y el virus de la intolerancia. Los dos conducen a la exclusión del Otro, a esa alternativa inaceptable de considerar al Otro diferente como inferior que debe ser sometido o como enemigo sustancial que debe ser rechazado.

Por eso estamos comprometidos en el trabajo contra los prejuicios supremacistas, contra la xenofobia y el racismo y contra los delitos de odio. Son incompatibles con la convivencia, la concordia, la paz social y la libertad. Es el desprecio hacia los españoles que no son considerados buenos españoles, hacia los inmigrantes, hacia la diversidad sexual, hacia las mujeres que se alejan del patrón patriarcal y machista y que reivindican su autonomía moral y su libertad. Supone en suma un ataque al pluralismo político, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y a la igual dignidad de todas las personas, fundamento de los derechos humanos, del constitucionalismo social y democrático y del humanismo universalista. La igualdad no debe ser un pretexto para uniformarnos, para “descaracterizarnos”, pero la diferencia no puede ser tampoco un argumento para tratar como inferiores a personas o colectivos que forman parte de la diversidad propia de las sociedades abiertas y libres. Si todos nos tomáramos en serio estos valores fundamentales, imprescindibles para vivir en paz y en libertad, ciertas formaciones estarían inhabilitadas políticamente para formar parte del gobierno (en un sentido amplio o en un sentido estricto) de la Comunidad de Madrid.

Es posible, desde la diversidad política, y sobre la base de la defensa y compromiso con la democracia abordar un programa de gobierno inspirado en estos cinco principios y a eso emplazamos a las fuerzas democráticas y comprometidas también en la lucha contra la corrupción que han sido respaldadas por la ciudadanía con sus votos en una amplia representación capaz de dar estabilidad y rumbo de futuro y progreso a esta región.

Queremos un programa transformador que coloque a la Comunidad de Madrid a la cabeza de las regiones europeas en su compromiso con el futuro y las oportunidades de sus ciudadanos, que deben disfrutar de unos servicios públicos de alta calidad, líder en el combate contra la pobreza y la desigualdad, que afronte el necesario cambio de modelo productivo, energético y de movilidad basado en una transición ecológica, comprometido en mejorar la vida de toda la ciudadanía y principalmente de los colectivos más desfavorecidos. La Comunidad de Madrid debe liderar un proceso de transición ecológica para que tanto la sostenibilidad como la economía circular sean protagonistas de unas políticas transversales que impregnen toda la acción de gobierno y permita colocar a Madrid en la vanguardia europea de la transformación verde de la economía. Afrontar la emergencia climática es también un deber de solidaridad con las generaciones venideras.

Por todo ello, animamos e invitamos al resto de fuerzas políticas democráticas en la Comunidad de Madrid a sumarse a este acuerdo que se centra en lo más importante que compartimos, que combate el resentimiento y el prejuicio y que trabaja por la convivencia, la concordia, el respeto mutuo y el bienestar social de todos sus ciudadanos. Por la libertad. Decía Fernando de los Ríos que necesitamos hacer “la revolución del respeto”, que supone, en definitiva, la lucha por la igualdad, por una “esperanza sin miedo” en expresión de Boaventura de Sousa, para que no prevalezca discriminación alguna y para que todos los seres humanos, hombres y mujeres, gocemos de una igual consideración, de la misma dignidad, también en Madrid. Nosotros y nosotras no cejaremos en esta lucha que es política y es ética. Y éste es nuestro compromiso fundamental.

ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CINCO VALORES DEL PACTO DE INVESTIDURA EN MADRID

Tanto la libertad como la igualdad son conceptos complejos, con múltiples proyecciones y dimensiones que debemos tener en cuenta para evitar lecturas reduccionistas, simplificadoras o patológicas. La igualdad es frente a la ley, pero también lo es en la ley, jurídica, de oportunidades, distinta y enfrentada al igualitarismo. Es formal y es material. Y la libertad es negativa (defensiva) y positiva (de acción y participación), de obrar y de querer, “libertad respecto de” y “libertad de”. Todas estas potencialidades deben ser tenidas en cuenta y desarrolladas, propiciando el reconocimiento de nuevos derechos así como la consolidación y garantía efectiva de los ya conquistados por los madrileños y madrileñas. En este sentido, nos comprometemos a abordar, entre otras, las siguientes acciones:

• La constitución de un grupo de trabajo con representación equitativa de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea para la redacción de una ponencia de reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid.
• La elaboración de dicha ponencia tendrá como objetivos primordiales el reconocimiento en el texto estatutario de los derechos ciudadanos y civiles, económicos y sociales, así como la consagración del principio de transparencia y de rendición de cuentas como exigencias que impregnen toda la actividad pública de la Comunidad de Madrid.
• Dar participación a la ciudadanía madrileña en la redacción final de la ponencia, que será sometida a votación de la Cámara, favoreciendo que la redacción del nuevo estatuto sea un proyecto compartido y vivido por la ciudadanía.

Asimismo proponemos, entre otras acciones o iniciativas:

• La aplicación efectiva de la normativa en materia de igualdad con la finalidad de eliminar plenamente las brechas de género en cualquier ámbito, laboral, social o económico.
• Con la finalidad de erradicar la violencia de género implantaremos las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de modo que se combata eficazmente el machismo existente en nuestra sociedad y la discriminación que sufren las mujeres y promoveremos los valores de la igualdad, tolerancia y el respeto a la diversidad de todas las personas.

Unos servicios públicos de calidad, que aseguren el bienestar de los ciudadanos, forman parte asimismo de los pilares esenciales de una sociedad con calidad democrática. Desgraciadamente en la Comunidad de Madrid se han deteriorado progresiva y severamente bajo sucesivos gobiernos conservadores. Su crítica situación aumenta los problemas de desigualdad, falta de oportunidades e inequidades.

Es consecuencia de la falta de inversiones, pues la Comunidad de Madrid es la que menos gasta en los servicios públicos esenciales que garanticen la igualdad, la cohesión y el desarrollo futuro como son educación, sanidad y servicios sociales. Esta merma de los pilares sociales fundamentales viene acompañada de un crecimiento de la deuda, a la vez que se disparan los gastos directos asumidos por los ciudadanos y sus familias y de una apuesta no disimulada e interesada por su privatización y descrédito, pues la región es la que más externaliza o concierta estas políticas.

Antes estos riesgos, solo paliados por los esfuerzos y la dedicación de los profesionales públicos, es preciso hacer una apuesta decidida y firme por asegurar el acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales como herramientas para combatir la desigualdad y garantizar un futuro mejor al conjunto de la sociedad madrileña.

Es necesario cuidar y recuperar urgentemente nuestros servicios públicos como un proyecto de objetivos globales y una palanca de cohesión social y de igualdad de oportunidades, primando y mejorando de manera significativa la planificación e inversión pública en beneficio del bien común.

El futuro individual y colectivo que asegura una enseñanza que gravite en torno a una escuela pública de calidad forma parte esencial de los derechos sociales de la ciudadanía madrileña, de manera que hay que combatir la segregación, a partir de una educación inclusiva y que atienda a la diversidad, que aporte oportunidades a nuestros jóvenes y que se apoye en una red de centros públicos suficiente, moderna y renovada.

Se ha de poner coto en nuestra comunidad a la descapitalización y maltrato a la sanidad pública, buque insignia y gran logro de nuestra sociedad. Es necesario mejorar las políticas públicas de salud incidiendo en la prevención y realizar una firme apuesta por la atención primaria como columna vertebral del sistema sanitario, que lo hace más eficiente y cercano. Es imprescindible invertir en la mejora y la renovación de la red hospitalaria y de los centros de salud, adecuada a una planificación y un desarrollo sostenible a largo plazo, así como cuidar y dignificar a nuestros profesionales sanitarios. Y es imperativo denunciar con firmeza todas las irregularidades y sobrecostes injustificados de dinero público que deberían ir destinado a la sanidad porque no hay nada más regenerador que la salud de la democracia y de sus instituciones.

El sistema madrileño de educación superior y de ciencia e innovación están muy debilitados tras años de recortes y falta de apoyo y, particularmente las universidades públicas, su piedra angular, que necesitan sentir y recibir un compromiso urgente de su gobierno y de la sociedad en su conjunto, pues son parte crucial del futuro y del desarrollo de la región.

Los problemas de nuestros servicios sociales empiezan a ser crónicos: inequidad, disminución de la calidad, desatención a las familias, generación de dependencia, situación de la infancia y el abandono de nuestros mayores, etc. El combate contra la pobreza y la dignificación de los servicios sociales deben de ser objetivos esenciales para un gobierno de la Comunidad de Madrid comprometido en mejorar la vida de toda la ciudadanía y principalmente de los colectivos más desfavorecidos.

Madrid tiene que ser punta de lanza en eliminar aquellos obstáculos que las personas hallen para su plena participación en la sociedad, por lo que es preciso apostar decididamente por la plena inclusión, la promoción de la autonomía personal y el cuidado especial a la infancia.

Algunos ejemplos de líneas de actuación prioritarias en materia de servicios públicos serían los siguientes:

• En el ámbito de la educación: Diseñar e implantar un Plan de equidad, inclusión y atención a la diversidad contra la segregación educativa, que permita una verdadera educación inclusiva en la región y dote de mayores recursos al sistema y a los centros con mayor complejidad. Incluirá una reducción de ratios más allá de la marcada por la ley (y que hoy no se cumple) que contemple al alumnado con necesidades de apoyo educativo y el aumento y refuerzo de la Red de Orientación, mejorando los Equipos de Orientación y la presencia de profesionales y profesorado especialista en los centros educativos.
• Realizar un Plan de inversiones y mejora de infraestructuras educativas públicas para atender la demanda de plazas públicas en la región, priorizando con urgencia las necesidades más perentorias, que se realizarán abandonando el modelo actual de fases y cuidando elementos básicos (bibliotecas, instalaciones deportivas, comedor, acceso a internet de alta capacidad,…) así como sus características sociales (accesibilidad, eficiencia energética, desamiantado,..)
• Impulsar la Formación Profesional como un elemento esencial en las oportunidades de la juventud madrileña y en el cambio de modelo productivo, mejorando la oferta pública adaptándola a la demanda social y empresarial, modernizando centros y laboratorios y potenciando la orientación.

En el ámbito de la sanidad:

• Desarrollar una regulación legal de las listas de espera quirúrgica, diagnóstica, salud mental y de tratamientos y consultas externas, que fije tiempos máximos y garantice la transparencia, la buena gestión y la equidad en el acceso a la sanidad, priorizando los centros públicos.
• Realizar una firme apuesta por la atención primaria, haciéndola el centro del sistema sanitario, ampliando sus centros, cobertura y universalización, reforzando las plantillas y los equipos de apoyo para que puedan trabajar con la máxima calidad asistencial, mejorando la prevención, y la coordinación con otros elementos del sistema sanitario y de protección social.
• Impulsar el Programa de Atención Dental Infantil, así como nuevos servicios de atención dental, especialmente para los colectivos más vulnerables (personas con discapacidad intelectual, enfermedades raras y trastornos de la alimentación, embarazadas y madres lactantes, mayores,…)

En el ámbito de las Universidades y de la I+D+I:

• Acometer una bajada generalizada y gradual de las tasas universitarias, dando prioridad a los estudiantes con mayores dificultades socioeconómicas. A su vez, se desarrollará un sistema de becas, gestionado directamente por la Comunidad de Madrid, que incluya becas salario para la educación superior.
• Impulsar una ambiciosa estrategia de investigación e innovación que apuntale el futuro de nuestra comunidad, con objetivos y planificaciones precisas, un exigente sistema de evaluación y una financiación adecuada, incorporando un potente plan de retención y retorno del talento investigador, fomentando la presencia de más mujeres en todos los campos y en la dirección de proyectos, fomentando la transferencia tecnológica y de conocimiento y la innovación y gestionado por una nueva Agencia pública regional de I+D e innovación.
• Acordar con las universidades un plan de financiación con objetivos, indicadores y medidas de transparencia claras y con ellos la mejora de las condiciones del profesorado y su rejuvenecimiento.

En el ámbito de los servicios sociales:

• Reformar sustancialmente de la Renta Mínima de Inserción (RMI), actualmente muy ineficaz, aumentando progresivamente la cobertura para asegurar que atiende todas las situaciones en las que se hace necesaria, disminuyendo la burocracia e incorporando mejoras imprescindibles (cuantía, prestaciones por hijo o hija, becas completas de comedor, etc.)
• Impulsar el Sistema de Atención a la Dependencia y la Autonomía Personal, con un incremento significativo de los recursos, de manera que haya garantías en la agilidad y eficacia de las tramitaciones y resoluciones, la cobertura de servicios y prestaciones de acuerdo a las necesidades de las personas, la dimensión preventiva y la coordinación con la red pública sanitaria.

La Comunidad de Madrid debe liderar un proceso de transición ecológica para que tanto la sostenibilidad como la economía circular sean protagonistas de unas políticas transversales que impregnen toda la acción de gobierno. Es también un deber de solidaridad con las generaciones venideras.

Si el uso eficiente de nuestros recursos naturales se hace más que necesario, la emergencia climática nos obliga a generar programas de adaptación a la vez que nos preparamos para reducir y mitigar sus efectos. La Comunidad necesita de una Ley de Cambio Climático que nos muestre el camino que debemos seguir para proteger nuestra especie y nuestra biodiversidad.

Nuestra región requiere un firme compromiso con las iniciativas de economía circular y residuo cero emanadas de la UE. Hacer, con ocasión de la generación de residuos una oportunidad para acelerar este nuevo concepto económico, debe llevarnos a replantear la actual Estrategia Regional de Residuos, que no soluciona los actuales problemas para los ayuntamientos de la región ni hace lo suficiente para el cambio de paradigma en materia de transición ecológica de la economía.

Esta región tiene el potencial suficiente para encabezar una estrategia de energías renovables que haga de la eficiencia energética y la movilidad sostenible un eje de actuación para todos los municipios de nuestra Comunidad.

Se ha demostrado que con valentía, coordinación y políticas adecuadas puede mejorarse la calidad del aire de nuestras ciudades. Con este parámetro debemos avanzar en la movilidad urbana e interurbana, con grandes carencias en la región y que provocan que muchos madrileños y madrileñas tengan dificultades en el acceso a los servicios públicos más básicos.

Es la movilidad junto a la falta de oportunidades de empleo de calidad la escasa promoción de nuestro sector primario el que ha conseguido que nuestra región se vaya vaciando. La despoblación es una realidad que debe ser corregida, pero también una oportunidad para hacer de la estrategia territorial el vehículo para una planificación y ordenación urbana al servicio de la ciudadanía.

Una Ley del Suelo, consensuada con todo el entramado asociativo, sector profesional y ayuntamientos, debe ser también motor de cambio económico que posibilite una gestión del territorio inteligente y justa, donde haya un equilibrio entre los espacios rurales y urbanos más competitivo y sostenible, donde se reduzcan los usos excesivos del suelo y el urbanismo público recupere su papel protagonista en la definición de la Comunidad que queremos.

Solo así seremos capaces de cambiar el ciclo del urbanismo expansivo a la regeneración urbana, ocupándonos de la ciudad existente, haciendo de la rehabilitación de viviendas y la renovación urbana una pieza más del ciclo de la eficiencia económica sostenible. La falta de regulación en materia de vivienda en Madrid permite la especulación, por lo que es preciso que las instituciones dispongan de instrumentos jurídicos y políticos para equilibrar el mercado del alquiler y garantizar el derecho a la vivienda.

La aprobación de una Ley de Vivienda enmarcará la garantía de los ciudadanos en el acceso a una vivienda digna y adecuada, evitar la existencia de viviendas vacías y palien la falta de vivienda para personas desahuciadas, estableciendo, a la vez, medidas para combatir la pobreza energética y poniendo el alquiler como eje de la vivienda pública.

A la vez, debemos proteger, y ampliar, nuestro rico patrimonio ambiental y de biodiversidad, desarrollando planes estratégicos que garanticen su blindaje jurídico de cara a la defensa activa de la flora y fauna silvestre que habita en nuestros parques regionales y parque nacional.

Desde la conciencia de la urgencia del cambio de modelo productivo, energético, de movilidad, es decir, desde la convicción de que solo un verdadero cambio en nuestra manera de vivir y de consumir nos conducirá a un proyecto sostenible, abordaremos, entre otras, las siguientes líneas de acción.

• Redactar la Ley de Cambio Climático y Eficiencia Energética que apueste por la electrificación de la economía y el ahorro en el consumo.
• Elaborar una Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid que haga realidad la apuesta por la economía circular y de residuos cero.
• Aprobar un Plan de Coordinación Interadministrativa por la Movilidad Sostenible, que aborde de forma estratégica, integral y compartida el despliegue y la operativa de cercanías, Metro, autobuses y que ejecute la construcción de aparcamientos disuasorios, seguros y gratuitos para los usuarios de transporte público. Asimismo, redefiniremos el modelo del Consorcio Regional de Transportes para, entre otras cosas, mejorar la planificación, el control y el desarrollo del transporte público regional, pensando también en los madrileños y madrileñas que viven en áreas y pueblos menos poblados, mejorando las conexiones entre municipios y lugares de referencia pública.
• Elaborar, de forma participativa, una Ley del Suelo y una Ley de Vivienda para la Comunidad de Madrid, que erradiquen el uso del suelo y de la construcción como elementos inherentes a la especulación y apueste por la vivienda como un derecho, y especialmente por la vivienda pública, accesible y a precios sociales.
• Poner en marcha la Agenda Urbana de acuerdo con lo establecido por el Gobierno de España para, entre otras medidas, favorecer el “diálogo campo-ciudad”, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.
• Implantar un Plan de Estrategia Regional para la protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que incluya un catálogo de hábitats de interés comunitario y prioritario, preservando de manera adecuada nuestros parques naturales y espacios protegidos.
• Impulsar políticas efectivas y promocionales de compra pública verde y socialmente responsable.
• Gestionar el Canal de Isabel II con un modelo que garantice su carácter público.
• Reformar de manera consensuada la Ley 4/16 de protección de animales de compañía aprobando un reglamento que la desarrolle.

Estos cinco valores que venimos reivindicando desde el principio (libertad, igualdad, solidaridad, seguridad y pluralismo) que nos obligarán a numerosas actuaciones y a grandes acciones concretas, deben relacionarse armónicamente. La singularidad de nuestro compromiso compartido y de nuestro acuerdo en torno a ellos radica precisamente en su comprensión conjunta o interconectada y en su definición material. Otras formaciones los entienden, o de modo incompatible entre sí (algo que se reproducirá de forma abierta y encarnizada en el siglo XX) o, sobre todo, en un sentido meramente formal y en buena medida retórico, con un alcance muy limitado, insuficiente. Algunas piensan, por ejemplo, que si hay libertad, no puede haber igualdad, porque el dinamismo de la primera llevaría a una desigualdad final fruto de la competencia, del mérito y de la capacidad, de un modelo político y jurídico darwinista que tampoco presta demasiada atención a las desigualdades de partida, en buena medida consideradas naturales.

Nosotros pensamos que debe ordenarse esta relación conflictiva de los cinco valores, singularmente de los de libertad e igualdad, armonizándolos, dotándolos de contenido, poniéndolos en relación de forma dialéctica y positiva, sin simplificaciones, concediéndoles un espacio propio a cada uno, corrector de los efectos excesivos que tienen por sí solos fuera de este equilibrio. Juntos y bien relacionados son para nosotros el fundamento del cambio y del progreso social conseguido además de forma pacífica y previsible gracias a la seguridad jurídica, al respeto a las normas comunes y sin dejar a nadie atrás al incorporar la solidaridad y el pluralismo social, político y cultural.

Cuando los cinco valores no se conectan de forma adecuada potenciándose unos a otros y a la vez limitando sus comprensiones más reduccionistas, se producen desajustes, abusos o insuficiencias. Por ejemplo, la solidaridad, fuera de un marco de libertad e igualdad, de derechos y de deberes fundamentales, no pasará de ser mera caridad, defendida por la derecha y el pensamiento más conservador, lo que supone, en sí misma, la negación de la igualdad. Por el contrario, la libertad, la igualdad y los derechos que debe garantizar el Estado, también con el reconocimiento de deberes, refuerza la dimensión normativa de la solidaridad, sacándola de su condición de virtud privada o religiosa y transformándola en un auténtico valor moderno, laico, civil, político y jurídico que debemos preservar y desarrollar.

Madrid, 27 de junio de 2019