Hong Kong es un territorio peculiar. Antigua región del imperio chino, desde la Primera Guerra del Opio (a mediados del siglo XIX) pasó a ser colonia inglesa, hasta que fue invadida en la Segunda Guerra Mundial por el imperio japonés. En 1949 retornó a la pérfida Albión para más tarde, en 1997, ser devuelta a la soberanía china después de más de 150 años; las vueltas que da la vida, ya ven. Bajo el mando de Deng Xiaoping, la República Popular China negoció con el ejecutivo de Margaret Thatcher las condiciones en las que Hong Kong pasaría a ser dominio chino. Se acordó así el principio “Un país, dos sistemas”, según el cual la región de Hong Kong mantendría cierta autonomía (económica, política y judicial) con respecto al gobierno central que ahora lidera Xi Jinping.
Pero este pacto tiene caducidad. 50 años fue el tiempo límite establecido para la fagocitación completa de Hong Kong por el gobierno chino. Hoy, sin embargo, los hongkoneses se ven en la obligación de luchar contra el proselitismo del gigante asiático.
La región está gobernada por el bloque aliado del poder central, que tiene 43 de los 70 escaños del parlamento local. Así pues, el legislativo, apoyado por Carrie Lam, la cabeza visible del ejecutivo; propuso una nueva ley de extradición que permitiría trasladar al continente a los fugitivos arrestados requeridos por la justicia de Pekín.
Los partidarios de la medida aseguran que el proyecto no incluye delitos en el ámbito político o religioso y solo se aplicaría en casos con penas de más de siete años de cárcel. El Gobierno de Hong Kong, por su parte, asegura que exigirá garantías antes de extraditar y que, en cualquier caso, es quien tiene la última palabra.
Los detractores, temerosos de una lectura flexible de la ley, se cuentan por miles. Decenas de miles. Centenas de miles. En la manifestación del pasado domingo, los organizadores contabilizaron 1.030.000 de hongkoneses que salieron a las calles a reclamar su autonomía y denunciar las interferencias del gobierno de Xi Jinping. A pesar del gas pimienta, las cargas policiales y los disparos de pelotas de goma, miles de personas se han citado este miércoles, 12 de junio, en el Parlamento para presionar al legislativo a cancelar la propuesta de ley.
Han logrado la posposición de la segunda lectura de la ley, prevista para este miércoles, “hasta nuevo aviso”. Sin embargo, ellos siguen dispuestos a continuar combatiendo con las autoridades hasta que se vea reconocida su independencia. Muchos aseguran que con esta ley de extradición se está favoreciendo la entrada del poder ejecutivo chino, escasamente desligado de su poder judicial. Amnistía Internacional también ha querido expresar su preocupación ante esta norma, puesto que “permitiría a los acusados ser entregados a un sistema judicial que no ofrece ningún tipo de protección contra persecuciones de motivo político por parte de las autoridades y está plagado de torturas, y otras formas de malos tratos, confesiones forzosas y juicios injustos”.