Resulta conveniente que la ciudadanía tenga presente el contenido fundamental de las normas aprobadas por sus representantes en la última sesión del Congreso en esta legislatura:

• El decreto que recupera el subsidio para parados mayores de 52 años y establece la obligación del registro de entrada y salida del trabajo para las empresas, a fin de combatir la explotación laboral.
• El decreto que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a aprobar planes de igualdad entre mujeres y hombres, y amplía los permisos de paternidad a 16 semanas.
• El decreto que mejora los derechos de las personas que viven de alquiler, ampliando la duración de sus contratos y limitando la cuantía de la fianza.
• El decreto que aporta seguridad a los españoles que viven en Gran Bretaña y a las empresas con intereses en el mercado británico, ante la eventualidad de un “brexit” sin acuerdo en la Unión Europea.
• El decreto que pone fin al conflicto jurídico y laboral en el sector de la estiba portuaria, y que garantiza derechos a miles de trabajadores y trabajadoras en los puertos españoles.
• El decreto que faculta a los Ayuntamientos de toda España para invertir sus superávits presupuestarios en gastos sociales que mejoren la vida de sus vecinos y vecinas.

Se trata, por tanto, en todos y cada uno de los casos, de iniciativas de claro interés general, que hubieran debido contar en condiciones normales con el respaldo unánime de los diputados y diputadas.

Los argumentos esgrimidos por la derecha para oponerse y criticar estas normas sociales han sido a cada cual más peregrino y absurdo. Comenzaron por cuestionar la constitucionalidad de las medidas adoptadas por un Gobierno “en funciones”, hasta que leyeron la Constitución y se dieron cuenta de que el Gobierno no está “en funciones” sino después de la celebración de las elecciones.

Tras admitir, informe jurídico mediante, que el Gobierno puede gobernar, exigieron que, al menos, no gobernara con medidas de buena aceptación popular, no fuera a ser que a alguien se le ocurriera valorarlo positivamente. Llevando el argumento al límite, solo podría admitirse que el Gobierno adoptara medidas impopulares y, por tanto, contrarias al interés general. Absurdo, desde luego.

A continuación adujeron que los decretos eran financieramente insostenibles. Cuestión absolutamente incierta, porque gracias a la buena marcha de la economía, el empleo y la recaudación fiscal con Gobierno socialista, existe financiación pública suficiente para hacer frente a estas obligaciones. En todo caso, les recordamos que lo realmente insostenible es mantener a miles de parados mayores de 52 años sin ayuda pública, o mantener a millones de mujeres trabajadoras sin planes de igualdad para combatir la brecha salarial.

El último argumento falaz es el de los “socios”. Miente Casado al asegurar que los decretos se convalidaron con el voto determinante de Bildu. En realidad, este voto, uno de sesenta y cinco, no resultó decisivo en ninguna de las votaciones. Es cierto, y los socialistas estamos orgullosos de ello, que la capacidad de diálogo y de acuerdo del Gobierno y su grupo parlamentario, han permitido en estos diez últimos meses sacar adelante muchas iniciativas de interés general con apoyos amplios y diversos.

Como ha asegurado Pedro Sánchez, el Gobierno tiene el derecho y la obligación de gobernar hasta el último día, adoptando decisiones que beneficien al conjunto de los españoles. El Gobierno cumplirá con este deber, y el grupo parlamentario socialista le seguirá dando su apoyo para ello.

Ahora bien, si el Gobierno socialista ha adoptado tantas y tan buenas iniciativas en solo diez meses y con 84 diputados (15 en la diputación permanente), ¿qué no podrá hacer con cuatro años por delante y una mayoría parlamentaria más sólida?