Hace 30 años, María José Carrasco fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Desde aquel momento, su vida fue deteriorándose poco a poco hasta acabar prácticamente paralizada y con problemas de visión y audición. Durante los años más duros de su vida, Carrasco ha estado acompañada por su marido, Ángel Hernández.

Llegados a este punto, con 69 años y en fase terminal, el matrimonio acogió en su casa al periódico El País para transmitirles su decisión: El día que ella lo decidiera, él la ayudaría a quitarse la vida. Y así fue.

Tras ser avisados por los sanitarios del SUMMA –a los que Hernández informó de haber suministrado una sustancia a su mujer para provocarle la muerte–, los agentes se personaron el pasado miércoles en la casa que el matrimonio tenía en el distrito madrileño de Moncloa Aravaca y procedieron a detener al confeso autor de los hechos, quien se encuentra en el calabozo de una comisaría de Madrid a la espera de pasar a disposición judicial este viernes.

En su confesión el pasado mes de octubre al citado periódico, Carrasco, al borde de la asfixia, afirmó tener miedo por lo que le podría pasar a su marido si la ayudaba. Por ello, y yal como hiciera Ramón Sampedro hace 21 años, el matrimonio dejó grabado el proceso durante el que ella se tomaba la medicación que acabó con su vida. El hombre sabía los riegos y, aun así, decidió afrontarlos al haber tenido que ser testigo de algún que otro intento de suicidio de su mujer. Y es que la cooperación necesaria para el suicido está castigada en España, sin embargo, si se hace con una persona en estado muy grave que lo pide se considera que hay una atenuante.

Según afirma José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y actual abogado, a este caso le sería aplicable el artículo 143.4 del Código Penal el cual establece una horquilla de pena atenuada, que quedaría entre los seis meses y los dos años de prisión. En cualquier caso, Hernández no tendría que entrar en prisión al ser una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales.

Martín Pallín se ha pronunciado al respecto tras esta detención, asegurando que "en un caso así, sin riesgo de fuga, hubiera bastado con que la policía le llamara a declarar y luego pasara el atestado al juzgado de guardia". Según el abogado, la defensa de Hernández podría solicitar la exención de responsabilidad por actuar “en el cumplimiento de un deber moral, amparado por el derecho a la dignidad recogido en la Constitución".

También se ha pronunciado el abogado y presidente del Comité Español de Bioética, Federico de Montalvo, quien afirmaba no gustarle “la idea de una eutanasia institucionalizada, pero en casos concretos, cuando se hace por amor y a petición de alguien, no sé si hay un reproche penal que justifique que esa persona entre en prisión".

Según la asociación Derecho a Morir Dignamente y, tras el caso de Sampedro, –donde se inculpó a Ramona Maneiro y, posteriormente, fue absuelta por prescripción del delito–, Hernández sería el primer detenido en España por esta causa.

El matrimonio afirmó el pasado mes de octubre tener todas sus esperanzas puestas en la ley de regulación de la eutanasia que promueve el PSOE, aunque temían que la precariedad del Gobierno impidiera llevar a cabo la tramitación. El proyecto de ley sigue esperando en la Mesa del Congreso sometida a la práctica dilatoria del PP y Ciudadanos de prorrogar una y otra vez el plazo de enmiendas para evitar que llegue ni siquiera a debatirse. Ellos reunían todos los supuestos de esa norma: una enfermedad grave e irreversible, que produce enormes sufrimientos físicos y psíquicos.

Por este motivo, la asociación Derecho a Morir Dignamente ha emitido un comunicado este mismo jueves en el exigía a los “futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente”, asegurando que “defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea”. Además, afirman que “el acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal”.

La citada asociación considera “inaceptable” el hecho de que “en una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad esté penado ayudar a una persona a disponer de su vida libremente", a la vez que afirman que “más del 80% de la población están a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido”.