A un mes de las elecciones generales, el Gobierno ha aprobado este viernes un plan de retorno para emigrantes españoles con el objetivo de que estos vuelvan a establecerse en el país. Se calcula que una cifra de 23.000 personas regresen al final del periodo, en 2020.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el citado programa está dotado con 24,2 millones de euros, y cuenta con la participación de comunidades autónomas, municipios, sindicatos y patronales.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha destacado la gran cantidad de personas que marcharon de España durante la crisis económica “en busca de oportunidades que no encontraban en su país”. La mayoría de ellas, fueron jóvenes y “cargadas de talento”.

A pesar de que los datos sobre emigración sean difíciles de cuantificar –debido a que muchas personas se establecieron en otros países, aunque seguían empadronados en España y no se registraban en los consulados españoles correspondientes–, solo en 2009 y en pleno inicio de la crisis, había 1.471.691 españoles residiendo en el exterior. La cifra ha ido aumentando hasta situarse, en enero de 2019, en 2.545.729 personas.

Con este programa, se pretende en un primer momento traer de regreso a unas 10.000 personas para, finalmente, acabar atrayendo a unas 23.000 personas. “Es el tamaño que consideramos que podemos abarcar con el presupuesto del programa de 24,2 millones, para los años 2019 y 2020", ha señalado la ministra, quien ha justificado esta cifra y no una más elevada afirmando que el Gobierno “no tiene capacidad logística y mucho menos económica".

Un total de 50 medidas tratarán de fomentar este regreso de la población emigrante, entre las que destacan una tarifa plana de 60 euros en la cuota que pagan los autónomos a la Seguridad Social para aquellas personas que deseen emprender o una ventanilla única “informática” para dar información y responder preguntas de los interesados en participar.

En septiembre de este año, se habilitará un “servicio de mediación laboral”, que prestará un “asesoramiento personalizado” a los emigrantes en búsqueda de empleo. “Se creará un grupo de 20 personas especializadas en la Secretaría de Estado de Migraciones” para la coordinación con los servicios autonómicos, ha asegurado Celaá.

Además, el programa cuenta con “10,7 millones en becas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva” del Ministerio de Ciencia, lo que significaría unas 30 ayudas en ambas becas, de 5 y 3 años, respectivamente, para la investigación postdoctoral. Así se podría recuperar “el talento que se fue y que fue formado en España, ahora con la experiencia de haber vivido en el extranjero”.

También se facilitará la vuelta de personas que hayan cursado estudios en el extranjero “agilizando los plazos y reduciendo el coste del proceso de homologación de títulos académicos para que deje de ser una barrera para el retorno".