Este lunes se ha reunido el Consejo de Coordinación de Podemos, el órgano ejecutivo del partido. En rueda de prensa tras la reunión, sus dos portavoces, Pablo Echenique y Noelia Vera, han anunciado tres medidas para que la gestión del agua se lleve a cabo "respetando" su condición de derecho humano.
Echenique ha defendido que los casos de corrupción que han afectado en los últimos años a los órganos de gestión del agua, como los casos Acuamed o Lezo, reflejan que “no se está respetando que el agua es un derecho humano”, una distinción "no sólo" tiene que ver "con el riego o el agua potable de las ciudades”, ha defendido.
En este sentido, ha anunciado tres medidas: la primera, derogar la venta de los derechos concesionales del agua porque para Podemos supone “mercantilizar la compraventa del agua por la puerta de atrás”. Según Echenique, esta mercantilización ya se realizaba antes con los trasvases, y la compraventa de concesionales supone un modelo más “financiarizado”.
En segundo lugar, el portavoz ha anunciado que el Estado “recuperará” los saltos hidroeléctricos de manera “automática” cuando caduquen sus concesiones a las empresas privadas.
Por último, "revertir la privatización del agua en el plazo de una legislatura: que la gestión del agua sea completamente pública". Según ha afirmado, esta operación es "viable" porque el Ayuntamiento de Valladolid remunicipalizó la gestión del agua en 2017, y se trataría de extender el ejemplo a toda España.
Estas medidas se encuadran en un ‘horizonte azul’ complementario al ‘horizonte verde’ que planteó la formación tras revalidar la confluencia con el partido ecologista Equo para las elecciones generales del 28 de abril.
La remunicipalización del agua en Madrid
Esta tendencia de promover la remunicipalización la gestión del agua está también presente en otras regiones. En diciembre de 2018, representantes del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Equo y casi una veintena de organizaciones ecologistas o vecinales del ámbito de la Comunidad de Madrid firmaron un acuerdo para promover la gestión pública del agua en la región. Las organizaciones, que presentaron el acuerdo en febrero de este año, pretenden influir en las políticas públicas con el mismo enfoque del agua como derecho humano.
El acuerdo de 2018 viene a revalidar el consenso al que llegaron 36 organizaciones sociales y políticas en 2015 (con otro Acuerdo) aprovechando la entrada de fuerzas progresistas en las instituciones autonómicas y locales de Madrid. Entre otras cosas, en octubre de 2018 crearon la Red de ciudades y pueblos por el agua pública en la Comunidad de Madrid, que aglutina a representantes de los ayuntamientos y de la ciudadanía interesados en esa transformación.