Tras la investigación en relación a la procedencia del dinero con el que Zaplana pagaba el alquiler del piso donde se alojaba en sus visitas a la ciudad por sus revisiones médicas a causa de la leucemia que sufre o por actos donde participaba, la jueza ha encontrado indicios por presunto blanqueo de capitales por parte de los nuevos imputados.

Conforme a las diligencias de entrada y registro practicadas, el alquiler de la vivienda lo ostentaba Miroslav Schopoff. Este, a su vez, lo subarrendó a la hija de Zaplana. El propio Schopoff, fundador y consejero delegado de OroDirect, ha negado en un comunidado que el subarrendamiento de la vivienda se hiciera a espaldas de la propiedad. De la misma forma niega que esté implicado en cualquier otra causa judicial en la Audiencia Nacional, como apuntaban algunos medios.

El alquiler mensual de la vivienda ascendía a 3.500 euros (42.000 al año), mientras que a la hija se le conocen ingresos brutos en 2015 de 62.338 euros y de 54.532 en 2016, sin declarar ingresos al año siguiente. La cuenta bancaria del yerno de Zaplana, desde la que se realizaban los pagos, llegó a transferir 115.000 euros.

Según la jueza, el 11 de diciembre de 2015, Luis Iglesias (yerno) recibe en su cuenta un ingreso de 2,2 millones de euros, “coincidiendo en el tiempo la entrada del dinero con la forma del contrato de alquiler y el primer pago”. Además, “es coincidente con la entrada también de divisas desde Suiza en la cuenta de otro de los investigados, en concreto Washington Fernando Belhot – asesor de Zaplana–, de un total de 1,8 millones de euros, que a su vez coincidía con el intento de inversión en el Puerto Deportivo de Altea”.

Dicha inversión finalmente no se llevó a cabo, pero Belhot retiró el dinero ingresado en una sucursal de Madrid y dejó únicamente 200.000 euros, actualmente bloqueados.

La investigación presupone que el dinero de ambas transferencias se relaciona con el dinero obtenido de las adjudicaciones objeto de investigación, cifrado en 10.521.351,28 euros por el Plan Eólico Valenciano y las ITV, que recayeron en sociedades familiares de los Cotino, que "se están blanqueando a lo largo del tiempo".

Debido a ello, la magistrada acordó el registro domiciliario de María Zaplana y su marido en Madrid, considerando la posibilidad de la existencia de documentación en distintos soportes que pudieran guardar relación con los hechos investigados y que pudieran guardar allí.

El fiscal anticorrupción, quien dio el visto bueno a tal registro, entiende que al matrimonio se les atribuye la participación en ese delito debido a la entrada de dinero desde Suiza y el resto de circunstancias, lo que “evidencia una serie de movimientos económicos que resulta necesario investigar por su indudable influencia en la causa".

Tanto Iglesias como su mujer declararon el pasado mes de noviembre como investigados ante la Guardia Civil. En su declaración, Iglesias negó haber mantenido relaciones mercantiles o profesionales con su suegro. Además, justificó el alquiler de una vivienda con motivo a las visitas médicas a la ciudad del expresidente debido a su enfermedad. Aunque posteriormente también la utilizaron ellos debido al nuevo trabajo de su mujer como asesora de la gestora del PP en Valencia.

También aprovechó para negar que su suegro le hubiera pagado todas o parte de las rentas del piso, donde él mismo realizó el primero de los pagos, por 25.000 euros (mensualidad, fianza y comisión de la agencia), el cual abonó de sus ingresos profesionales.

Por su parte, la hija de Zaplana declaró haber percibido percepciones económicas como asesora de la Secretaría de Estado de Turismo entre 2012 y 2016, y también negó haber mantenido relaciones mercantiles con su padre ni que este les hubiera aportado fondos para satisfacer el alquiler. Aseguró, además, conocer a la propietaria y que jamás coincidió con Miroslav Schopoff.

Zaplana, Joaquín Barceló –exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo de la época de Zaplana– y Francisco Grau –exsecretario del consejo de administración de la CAM– quedaron en libertad el pasado 7 de febrero después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros de sus cuentas en Suiza, “minimizando” así el riesgo de fuga.

Rosa Barceló, mujer del exministro, también figura como investigada en la causa.