ACNUR preocupada por el mantenimiento de sus programas de protección y ayuda a refugiados en Egipto.
Los conflictos existentes tanto en Yemen como en el África subsahariana siguen forzando la huida de cada vez más gente hacia Egipto. Se estima que el número de refugiados y solicitantes de asilo en Egipto ha aumentado un 24% en los últimos dos años. Más de la mitad provienen de Siria, el resto de Etiopía, Sudán, Yemen, Eritrea y Sudán del Sur. El 40% de estos son niños, de los cuales muchos llegaron separados de sus familias.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tan sólo opera con una pequeña parte de los 104,2 millones de dólares presupuestados para ayudar y proteger al cuarto de millón de refugiados en Egipto. Esta escasez de fondos, ligada al incremento de la población refugiada, está provocando que muchos de los refugiados se queden sin ayuda ni protección vitales.
Egipto está ofreciendo educación y servicios de salud como si fueran sus propios nacionales, pero la hospitalidad y ayuda del pueblo egipcio no es suficiente. Muchos de ellos alimentan con dificultad a su familia, mantienen un techo e incluso llegan a endeudarse y empobrecerse con rapidez, viéndose forzados a tomar medidas desesperadas por sobrevivir, como el trabajo infantil o recurrir a las calles.
Sin la financiación oportuna, los programas y actividades básicas de protección y apoyo que lleva a cabo ACNUR en Egipto se encuentran en riesgo de suspensión. Algo que preocupa al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi: “Estos refugiados requieren asistencia humanitaria adecuada y oportuna en tiempo. Ocho de cada diez refugiados en Egipto son incapaces de cubrir incluso sus necesidades más básicas. Llevar un plato a la mesa es un desafío a diario. Sin embargo, en este momento no somos capaces de proveerlos de lo más básico ni de mantener en activo en el país los principales programas de protección”.
Entre los programas que ACNUR lleva a cabo en Egipto, se encuentra el registro y procesos de determinación del status de refugiado, la prevención y respuesta a la violencia sexual y de género, la asistencia legal y la protección de menores.