Aunque no de manera oficial, todos los partidos están ya en campaña, y prueba de ello es que han empezado a lanzar sus líneas programáticas. Uno de los primeros en hacerlo fue el líder del PP, Pablo Casado, en una convención nacional de su partido. Casado lanzó un decálogo de medidas para reformar la Administración Pública, entre las que destacó una “moratoria” de competencias de aquellas Administraciones que fueran “desleales” al Estado.
Para defender esta “moratoria”, el líder ‘popular’ dijo: “Según el título VIII [de la Constitución], las competencias son estatales y son transferibles su administración”. Esta afirmación es falsa. No hay frase alguna en el Título VIII de la Constitución que diga literalmente o permita deducir tal afirmación.
Lo que hace el Título VIII de la carta magna es enumerar una serie de áreas en las que las comunidades autónomas pueden asumir competencias (artículo 148) y otra serie de ámbitos que quedan reservados en exclusiva al Estado central (artículo 149), como las Fuerzas Armadas. En este segundo apartado, el texto precisa en muchos casos que las autonomías pueden asumir el “desarrollo legislativo” de la materia en cuestión, es decir, aprobar sus propias leyes de desarrollo.
Por tanto, no sólo las autonomías pueden tener competencias plenas (o sea, de legislación básica, de legislación de desarrollo y de ejecución) sobre muchas materias --hecho que ya tira por tierra lo dicho por Casado-- sino que, incluso en aquellas competencias que figuran como exclusivas del Estado en la Constitución, las regiones pueden asumir más funciones que la mera ejecución.
… Y continuó Casado con otra falsedad: “Es decir, que la educación es una competencia estatal (…), pero su administración está transferida a las autonomías”. Precisamente la educación es uno de los grandes ejemplos de la concurrencia competencial en España. El artículo 149.1 30º atribuye exclusivamente al Estado aprobar las “normas básicas” para “desarrollar el artículo 27” (el de la educación). Esto significa que las comunidades autónomas pueden elaborar leyes adicionales aplicables dentro de su territorio. Por tanto, la educación no es una competencia “estatal”: lo es la legislación básica sobre educación, y las autonomías tienen competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, y así llevan décadas aprobando leyes educativas propias.
Todo esto es sobradamente asumido por quienes conocen el sistema político español; así es como se enseña en los manuales y las carreras de Ciencia Política de las universidades, como lo divulga la propia sinopsis del Congreso de los Diputados sobre la Constitución y como lo han aplicado las comunidades autónomas desde que se consolidó el Estado autonómico.
El problema no es sólo que, en una sola frase, Casado haya tergiversado el funcionamiento del Estado, sino que se ha basado en este engaño para fundamentar una medida electoral que tiene poco de inocente (aparte del cariz ideológico que desprende el concepto de lealtad cuando se habla de la administración pública, y cuya interpretación pertenece en exclusiva a los lectores). Según él, como Cataluña sólo debe administrar lo que el Estado legisla, debe ser leal, pero es que Cataluña puede también decidir sobre la educación que se desarrolla dentro de su territorio. Cómo lo hace o si con ello incumple otras leyes es otro debate.