Contraponiendo esta postura a la reivindicación de autodeterminación de los partidos independentistas, ha defendido que "la única vía factible en el conflicto catalán es la del diálogo". “Este Gobierno va a seguir intentando una solución dialogada a la cuestión catalana en el marco de nuestra Constitución”, ha asegurado.

Rechazo a los presupuestos

Ha criticado que PP y Ciudadanos echaran mano de “la calumnia y las mentiras” durante los días previos al debate parlamentario para aprobar los presupuestos generales diciendo que suponían una cesión a los partidos independentistas y que con ello sólo pretendían “derrocar al Gobierno”. Además, ha recriminado a estos partidos que “quien reprochaba al Gobierno haber cedido a un supuesto chantaje de los independistas, finalmente votó junto a estos mismos grupos” rechazando las cuentas públicas, una estrategia, ha dicho, “incomprensible”.

Ha defendido los presupuestos que fueron rechazados en el Parlamento diciendo que eran unas cuentas "magníficas" y el resultado de un trabajo “ímprobo" del Ministerio de Hacienda. Según Montero, tenían un triple objetivo: reorientar el crecimiento económico para hacerlo más “inteligente, inclusivo y sostenible”, que los beneficios de este crecimiento llegaran a los ciudadanos y cumplir con los compromisos europeos.

En España no se combate a la ultraderecha

Montero ha mostrado su preocupación por la situación de las democracias actuales, donde “la llegada al poder de perfiles como Trump, Orbán, Salvini o Bolsonaro, de los mensajes que trasladan, ya habían supuesto para los demócratas un notable toque de atención”.

Ha señalado que “mientras que en Europa se combaten estos discursos, en España, un partido como Ciudadanos, que se dice liberal, anuncia un veto a los socialdemócratas al tiempo que está pactando con la extrema derecha”.

Proteger el Estado del Bienestar

La responsable de Hacienda ha subrayado que “debilitar el Estado de las autonomías es debilitar el Estado del bienestar y viceversa”.

En este sentido, ha defendido que “detrás” de la idea que “se quiso trasladar” cuando comenzó la crisis de que las administraciones autonómicas eran “despilfarradoras”, “lo que subyace es un intento de reducir el tamaño del Estado del bienestar” para “terminar provocando una recentralización de competencias que no se corresponde con el espíritu constitucional”.

“Parece que el PP vuelve a las andadas con este discurso intentando poner en cuestión que las CCAA estén desarrollando de forma adecuada sus competencias”, ha apuntado.