La nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada por el Consejo de Ministros aún en está en fase de Anteproyecto y modifica un total de 11 leyes. Incorpora una definición amplia de violencia que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos, los castigos físicos o el trato negligente y pretende convertir a la infancia en un bien colectivo que merece especial atención.

Enrique Galván, director de la ONG Plena Inclusión España, afirma que “la violencia contra la infancia y la adolescencia se da, desgraciadamente en todos los ámbito de relación social, pero sin embargo, son los niños y niñas con discapacidad los que sufren a menudo esta lacra”. Por ello, asegura que es necesaria la reforma de esta ley con nuevas propuestas de mejora en el ámbito de personas con discapacidad.

La ONU, el pasado mes de diciembre, avisó de que las personas con discapacidades siguen sufriendo una importante desventaja y necesitan medidas específicas para poder beneficiarse de los avances en materia de desarrollo. Además, subrayó que pese a los progresos en los últimos años, estas personas se enfrentan a numerosas barreras que frenan su inclusión y son víctimas de “niveles desproporcionados de pobreza”.

Plena Inclusión defiende que estos niños y niñas se encuentran a diario con un sinfín de barreras que dificultan extremadamente su desempeño, a veces, haciéndolo hasta imposible y que por ello, es imprescindible luchar por solventarlas, ampliando el texto de esta futura norma y dando mayor peso a este colectivo que necesita conseguir una mejora en el progreso de todos y de sus familias.

Enrique Galván, también asegura que “El cambio de la legislación es importante, pero debe venir al mismo tiempo de un aumento de la conciencia social sobre la gravedad del fenómeno”. Por ello, también consideran imprescindible que la futura Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, abarque medidas en otros ámbitos como el educativo, familiar, social y sanitario. De manera coordinada, deben trabajar unidos luchando ante cualquier problema, así como para prevenir, detectar o intervenir en cualquier conflicto, y apoyar a los menores y a sus familias.

Un nuevo horizonte hacia la mejora.

La responsable del departamento Jurídico de Plena Inclusión España, Inés de Araoz, declara que son necesarias referencias concretas en la nueva ley que puedan garantizar los derechos de niños y niñas con discapacidad intelectual. “Necesitamos que la ley recoja nuestras demandas porque en la actualidad las cifras de desprotección que manejamos dibujan un escenario muy preocupante, tanto para la infancia de niños y niñas con discapacidad intelectual como para sus familias”. Aseguran que este colectivo se encuentra falto de recursos y en un horizonte alarmante donde mayores medidas son necesarias.

Estas medidas que solicitarán ser aportadas en la nueva ley, abarcan diversos apartados. Entre ellos destacan asegurar las condiciones de vida del hogar y la familia, entendiendo estos dos elementos como claves en la prevención y protección del menor. Así mismo, se dotará de cualquier facilidad que pueda ser necesitada por aquellos profesionales que trabajen en el entorno del hogar. Por último, la familia, considerada como factor imprescindible, afirman debe empoderarse.

Por último, Plena Inclusión defiende la conformación de comunidades fuertes y cohesionadas donde las familias y los menores tengan apoyos necesarios y recursos dignos para vivir su infancia en entornos seguros. Si es posible garantizar y proteger estos derechos fundamentales de personas con discapacidad intelectual y aportando nuevas mejores apoyando este colectivo, se abrirá un nuevo horizonte donde estas personas y sus familias desarrollen una vida mejor.