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La UCO abre una nueva operación con el nombre de la empresa 'Paquí Pallá SL' que involucra presuntamente a Esperanza Aguirre
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La UCO abre una nueva operación con el nombre de la empresa "Paquí Pallá SL" que involucra presuntamente a Esperanza Aguirre

martes 05 de febrero de 2019, 14:35h

Dinero B, fondos públicos desviados para pagar una campaña electoral, un congreso del PP, mítines y foros donde participó Mariano Rajoy y hasta una cena de Navidad, por no hablar de subvenciones falseadas. Todo ello presuntamente, mientras no se demuestre fehacientemente, está descrito en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha desvelado un nuevo caso de corrupción en el Partido Popular que afectaría de forma directa a Esperanza Aguirre, cuando en 2011 optaba a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El nombre de una de las sociedades tapadera elegido para la presunta financiación ilegal del PP, "Paquí Pallá SL", ha causado la hilaridad de los investigadores.

El Partido Popular de Madrid eligió como nombre para una de sus sociedades utilizadas como tapadera ‘Paquí Pallá SL’, una denominación que bien podría resumir el nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que desvela una nueva financiación ilegal del PP durante la campaña de Esperanza Aguirre, cuando optaba a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2011.

Del documento se desprende, además del dinero B, el desvío de fondos públicos para pagar la citada campaña electoral, así como subvenciones falseadas y desviadas para un Congreso del PP, mítines y foros donde participó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y hasta una cena de Navidad.

Mayo de 2011: Aguirre consigue la mayor victoria electoral de su carrera

Corría el año 2011 cuando Esperanza Aguirre conseguía el mayor triunfo electoral de su carrera política. La tercera mayoría absoluta de la popular hizo que la Asamblea de Madrid se tiñera de azul, con 72 de los 129 escaños posibles.

La baronesa del PP se hacía fuerte gracias a una campaña electoral contundente, en la que derribó al socialista Tomás Gómez. Según el informe de la UCO que ahora ha salido a la luz, el proceso electoral contó con 6,2 millones de euros, cuando el máximo que permitía la ley era de 3,23 millones —cifra resultante de multiplicar por 0,50 euros el número de habitantes de derecho de la Comunidad de Madrid en aquel año—, lo que supone casi el doble de lo legalmente establecido, y duplica además con creces la cifra declarada a la Cámara de Cuentas, que fue de 2,98 millones.

El informe de la Guardia Civil destaca que, al menos, 1,25 millones de euros del total provendrían de la famosa ‘caja B’ del partido, manipulada por el entonces gerente de la formación en Madrid, Beltrán Gutiérrez, que a su vez se nutría de fondos aportados por el exconsejero Francisco Granados.

El juez instructor del ‘caso Púnica’, Manuel García-Castellón, ha recibido el citado informe en el que se desgrana la excesiva financiación que se habría camuflado a través de facturas falseadas, en las que se trastocaba la fecha pese a que realmente eran gastos derivados de la campaña electoral.

No es el primer documento que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrega al magistrado; ya en febrero de 2017 le hizo llegar otro sobre los gastos electorales del PP madrileño en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.

Un entramado con nombres propios

Pese a que en el anterior informe también se señalaba a Beltrán Gutiérrez como presunto responsable de todo el entramado, el método empleado en este caso es diferente, según describen los agentes. Todo parece indicar que, tras el estallido de la ‘Gürtel’ a comienzos de 2009, se tomaron todo tipo de “medidas de seguridad” con el fin de “disminuir la constancia documental de los métodos de financiación”, continúa el documento.

Esto ha llevado a los investigadores a pensar que Gutiérrez podría haber destruido pruebas, puesto que el material incautado en el registro de su despacho sobre las elecciones de 2011 es “menos prolífico” que los referidos a las convocatorias anteriores.

Gracias al informe podemos saber que, al menos, 109.827 euros de una subvención concedida a la fundación Fundescam, vinculada a los populares, habrían sido desviados para gastos electorales; más en concreto a encuestas y sondeos.

La empresa El Laboratorio de Almagro aparece señalada en el documento por haber girado presuntamente facturas falseadas por valor de 1,16 millones de euros. También se le atribuye la hazaña de haber creado un complejo sistema de facturas entre sociedades para ahorrarse impuestos.

Entre los nombres que aparecen en el texto de la UCO destaca el del empresario Ricardo Vázquez, quien podría haber emitido una factura irregular de 44.595 euros, y aunque Gutiérrez haya sido apuntado como máximo responsable, comparte protagonismo en el informe con otros nombres reconocidos como Francisco Granados o Borja Sarasola, así como el exconsejero de OHL, Javier López Madrid. Algunos de ellos investigados y llamados a tomar declaración por diferentes aspectos relacionados con el PP en su día.

Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado señalan que la diferencia entre lo declarado y lo que se ha demostrado que se gastó, salió de supuestas donaciones ilegales de empresarios, subvenciones públicas desviadas fraudulentamente y de la cuenta de funcionamiento del partido. Con todo ello se pagaron “cenas de Navidad, congresos del partido, actas de Nuevas Generaciones y, sobre todo, gastos relativos a encuestas y sondeos de intención de voto”.

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