La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha presentado los Presupuestos Generales del Estado junto a las ministras de Economía, Nadia Calviño; y la de Hacienda María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del Gobierno de este 2019. Las ministras han destacado las buenas perspectivas de la economía española para este año, con previsiones de crecimiento de los organismos nacionales e internacionales muy positivos que se mueven en una horquilla de entre el 2,2% y el 2,4%. La fortaleza de la economía española permite al Gobierno de Pedro Sánchez presentar unas cuentas públicas expansivas con una recaudación récord que llega hasta los 227.000 millones, 20.000 millones más que en el anterior presupuesto. Este aumento de ingresos permite elevar significativamente las partidas presupuestarias de para Dependencia o para inversiones en infraestructuras.

A falta de conocer más detalles que la ministra Montero ha adelantado que anunciarán el próximo lunes, el proyecto de Presupuestos incluye un incremento del 59% la partida dedicada a Dependencia hasta llegar a los 2.232 millones de euros; y también un aumento del 40% en la partida de infraestructuras.

Tanto la titular de Economía, Calviño; como la de Hacienda, Montero, ha detallado cómo piensa el Gobierno elevar los ingresos del Estado. Se hará subiendo impuestos a las empresas que más facturación generan y a las rentas más altas. Además, se van a crear nuevos tributos destinados también a las grandes empresas y a las transacciones financieras de los bancos. Igualmente, en 2019 verá la luz la denominada Tasa Google que gravará determinados servicios digitales.

El Gobierno ha incluido en su proyecto la limitación de las exenciones fiscales a las grandes sociedades para que paguen un mínimo del 15% las grandes empresas y un 18% la banca y las empresas de hidrocarburos. En cuanto a la Tasa Google, está consistirá en un gravamen del 3% sobre l publicidad, la intermediación y la venta de datos de los usuarios para empresas con una facturación de más de 750 millones de euros.

Otra de las medidas que se prevén poner en marcha es el impuesto sobre las transacciones financieras que gravará la compraventa de acciones de empresas españolas.

En cuanto a las rentas, aquellas que superen los 130.000 euros anuales verán incrementado el IRPF en dos puntos y las que lleguen a los 300.000 euros pagarán un 4% más.

Además, se prevén nuevos ingresos por el incremento del impuesto sobre el Patrimonio, la limitación de los pagos en efectivo y el refuerzo de la lista de morosos.

Por otra parte, los presupuestos contemplan rebajas de impuestos para pequeñas empresas y para rentas medias y bajas. De esta forma, el Gobierno rebaja el impuesto de Sociedades para las pymes en dos puntos ya que pasa del 25% actual al 23%. También se reducen los ingresos del Estado como consecuencia de reducir el IVA para los productos de higiene femenina (hasta el 4%), de los servicios veterinarios y de los libros electrónicos.

Como consecuencia de este mayor ingreso, el Estado aumentará las partidas sociales para revertir los recortes sufridos durante los años de la crisis. La ministra Montero ha destacado que el 57,3% del presupuesto será gasto social, con un aumento de 12.600 millones hasta llegar a los 209.510 millones. En concreto, los Presupuestos recogen una subida de las pensiones del 1,6% y del 3% en el caso de las mínimas, un alza del 2,25% del salario de los funcionarios, la supresión del copago farmacéutico, el aumento de las becas para estudio y ayudas para material escolar en etapas obligatorias (536 millones); un aumento del 40% de la dotación de Dependencia (515 millones) y el Plan de Eficiencia Energética de Hogares Vulnerables (Feder) (400 millones). Otras medidas son la recuperación del subsidio para mayores de 52 años; la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores (315 millones) y el aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas.

Ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá presentar sus cuentas al resto de grupos parlamentarios ya que no cuenta con el apoyo suficiente para poder aprobarlas. En principio, no debe tener problemas para contar con los votos de Podemos tras el acuerdo firmado el pasado mes de octubre, aunque ambas formaciones tendrán que sentarse nuevamente a acordar medidas que, según Podemos, estaban incluidas en ese acuerdo y que ahora no aparecen como la limitación de los precios de alquiler de las viviendas. Esta misma mañana, la portavoz de la formación morada, Irene Montero, ha afirmado que si esas medidas acordadas no salen adelante ellos no votarán a favor de las cuentas de Sánchez.

El PNV se sentará sin problemas con el gobierno para estudiar las cifras del presupuesto y no parece difícil que den el sí al Ejecutivo.

Pero la gran incógnita se encuentra en los grupos independentistas catalanes, ERC y PdCAT. La tramitación de los presupuestos se realizará en pleno comienzo del juicio en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas que se saltaron la Constitución y las resoluciones judiciales convocando un referéndum ilegal. Los catalanes le piden al Gobierno gestos claros para desencallar el problema catalán si quieren contar con sus votos para aprobar los presupuestos. Desde el Gobierno aseguran que no incidirán de ninguna manera en las resoluciones judiciales. Sí garantizan la inversión presupuestaria incluida en el Estatuto de Cataluña por el que se establece una inversión del 18% en esa Comunidad Autónoma. Esta misma mañana, el presidente Torra ha viajado a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont y ambos dirigentes han anunciado que hoy por hoy no votarán a favor del proyecto de presupuestos. Sin embargo, dentro de ERC y de amplios sectores del PdCAT ya se afirma sin ambages que no pueden dejar caer al Gobierno de Sánchez por lo que abogan por aprobar los presupuestos. De lo contrario, se podría ir a un adelanto electoral con resultado incierto, pero con la posibilidad de que los partidos de la derecha española, apoyados por la extrema derecha, lleguen a La Moncloa. Y saben que estas formaciones apuestan por aplicar duramente el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana por un largo periodo.

El Gobierno también ofrecerá diálogo al Partido Popular y a Ciudadanos para que se sienten a negociar unos presupuestos muy necesarios para el país. Pero no tienen muchas esperanzas de que los partidos conservadores se sienten siquiera en la mesa de negociación ya que se oponen a cualquier medida de los socialistas. Así quedó patente con el bloqueo de ambos en el Senado de la nueva senda de déficit del 1,8% que Europa autorizó a nuestro país con lo que supone que las Comunidades Autónomas no podrán disponer de 6.000 millones de euros extra para fortalecer los servicios sociales y las inversiones en sus respectivas regiones.