Según el borrador del decreto regional sobre la financiación del primer ciclo, el plan es actualizar y modificar el porcentaje que aportan a Escuelas Infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal tanto la Comunidad de Madrid como los propios Ayuntamientos. Se hace para “evitar o reducir al máximo los efectos económicos de la gratituidad de la escolaridad para los Ayuntamientos”, según expone el documento.

La Comunidad madrileña será quien asuma en el sistema de módulos el 40% que no pagarán las familias para ciudades de más de 6.000 habitantes.

Concretamente, el 59% (en vez del 39%), lo asumirá la Comunidad, y los consistorios financiarán el 21% del corte. Las familias, con la reforma, pasarían a pagar aproximadamente un 20% (en vez del 40% actual): seguirían pagando comedor y horario ampliado.

Para los municipios de menos habitantes, la Comunidad financiará más: un 68% (ya no el 48% actual), y los Ayuntamientos abonarán el 12%. Las familias vuelven a asumir los extras, así que pagarán otro 20%. Otro cambio en sistemas sin módulos: el dinero público asumirá el 40% del coste, que no pagarán las familias.

Según Educación, el coste del contrato se calcula “descontado” del precio de la adjudicación las cuotas aportadas por las familias en concepto de escolaridad y horario ampliado. El coste del comedor no tiene repercusión en el coste del contrato, la cuota es directamente para las entidades gestoras.

A partir de ahora, las familias ya no aportarán la cuota de escolaridad, así que la Comunidad asumirá el 76% y el Ayuntamiento el 24% restante, 86,2% y 13,8% respectivamente en los municipios con menos habitantes. Porcentajes que no incluyen, repiten, el comedor escolar.

IMPACTO ECONÓMICO

La Comunidad madrileña destaca el impacto económico que supone aprobar el presente decreto, por el que será gratis la escolarización durante el primer ciclo en la capital, servicio público cuyo coste asumirá el Ejecutivo regional y se cuantificará posteriormente.

Se traducirá, creen, en un “impacto económico positivo sobre la economía de las familias madrileñas”, ya que se calculan unos 40.000 posibles beneficiarios si los centros son autorizados completamente. Además, se creará empleo: la medida incrementará la demanda de puestos escolares. Los colegios públicos madrileños serán quienes tengan que limitar el número de plazas.

Por su parte, la escolarización privada seguirá con el ‘cheque guardería’, la convocatoria anual de ayudas económicas que Educación lleva tramitando en Madrid desde hace más de 15 años.

En los centros concertados, las familias solo pagarán cuotas de comedor y horario ampliado. Educación explica que hacer gratis la escolaridad va a reducir los ingresos de las entidades gestoras, situación que según el Ejecutivo madrileño “debe ser íntegramente asumida y compensada por la Comunidad madrileña y, en menor medida, por los ayuntamientos”.

Aunque está pendiente todavía el informe de impacto presupuestario al respecto, la Comunidad de Madrid estima que los contratos para Escuelas Infantiles de gestión indirecta casi se dupliquen durante el próximo curso. De 31 millones de euros a 60 millones. El Gobierno regional tiene crédito para llevar a cabo la iniciativa a partir del 1 de septiembre de 2019, según ha constatado.