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30 años de lucha contra los asesinatos machistas con la ultraderecha siempre al acecho para atacar a las mujeres
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30 años de lucha contra los asesinatos machistas con la ultraderecha siempre al acecho para atacar a las mujeres

martes 08 de enero de 2019, 11:00h

La lucha contra el terrorismo machista, la Violencia de Género, los asesinatos a mujeres, maltratos, violaciones y vejaciones de todo tipo, pasando por los micromachismos de acoso en el trabajo, la hipocresía de la prostitución y trata, la brecha salarial, la desigualdad de oportunidades, el trato patriarcal de la Justicia, es un camino en el que las mujeres no pueden parar. Haciendo un poco de historia, vale la pena quedarse en el caso de Ana Orantes, 1997. Tras esta mujer, que salió a denunciar al marido en televisión, y que había sido condenada por un juez a convivir con el maltratador y que un día después fue quemada viva por el mismo, existe un antes y un después en la conciencia social de esta lucha que ahora la extrema derecha quiere, de nuevo, volver a aplastar.

En 1997, la granadina Ana Orantes era asesinada por su marido un día después de que contara en Canal Sur el drama y la horrenda vida que vivía por las agresiones y palizas recibidas de él constastemente y bajo cualquier excusa. Impresionó a las audiencias y miles de mujres vieron reflejado su trágico existir en la experiencia de Orantes. Un día después de esa aparición televisiva, los noticieros volvieron a tratar del caso Ana Orantes, esta vez porque el marido la había quemado viva en el domicilio de ambos, Cúllar de la Vega (Granada) donde pese a estar divorciados, un juez de mente brillante la condenó a convivir con el maltratador, en este caso con el asesino. Eso si, cada uno en una planta, el asesino la quemó en el patio de la casa.

En la época en que asesinaron a Orantes, las agresiones de pareja eran considerados por la opinión pública "crímenes pasionales" o "violencia doméstica contra las mujeres" y la sociedad tenía por máxima no meterse en lo que sucediera dentro de una casa entre una mujer y su marido. El caso de Ana Orantes activó un resorte en la conciencia colectiva: no es tolerable que un marido pegue a su mujer por ninguna razón y los espectadores, directos o indirectos, tienen obligación de denunciarlo. Más de 100 mujeres acudieron a su entierro a despedirla con aplausos y ese mismo día, en Huelva, un hombre fue detenido por la denuncia de sus vecinos cuando se disponía a quemar la casa con su mujer e hijos dentro.

En 1997, la violencia física dentro de la pareja se tipificaba en el Código Penal con penas adicionales de entre seis meses y tres años. Quedaban fuera las agresiones psicológicas y las agresiones físicas por parte de exparejas. En los primeros 2000, el problema de la violencia de género (aún no llamada así), empieza a visibilizarse y entrar en la agenda política. Castilla la Mancha aprueba su Ley 5/2001 de prevención de los malos tratos y protección a la mujer maltratada. Se trata del primer texto legislativo permite empezar a desarrollar acciones para concienciar a las mujeres maltratadas de que lo son, que las situaciones de violencia física, psicológica y sexual que viven no tienen que vivirlas y que pueden salir de ahí. Se empieza a visibilizar que la violencia no se produce más que por el simple hecho de ser mujer. La hoy diputada del Partido Socialista, Ángeles Álvarez, elabora una completa guía que por primera vez orienta a las mujeres que sufren violencia de género para que identifiquen la situación y qué hacer una vez identificada. Respecto a la denuncia, ya se advertía entonces que se corría el riesgo de no ser creídas o de ser culpadas de propiciar la situación. Año 2001 y recuerda mucho al caso de La Manada.

La violencia de género empieza a tener dimensión pública al empezar el siglo XXI. La ONU declara el 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el año 2000 al menos una de cada tres mujeres había sido apaleada, obligada a mantener relaciones sexuales bajo coacción o maltratada de alguna manera. Muchas veces, por un conocido. Empiezan a mandarse los mensajes a la sociedad de que la violencia doméstica no puede ser un asunto privado, por mucho que se produzca en el seno de una pareja. Había que trabajar también por concienciar a policías, jueces y fiscales de que había que creerlas cuando una mujer denunciaba una agresión de su marido, de que mandarla a casa o no ofrecerle la adecuada protección podía significar enviarla a recibir una paliza o ser asesinada directamente. En la Comunidad de Madrid empiezan a impulsarse turnos de oficio para mujeres que denuncian malos tratos en el año 2000, impulsándose también medidas de formación específica para estos letrados. En aquel año, más de la mitad de las muertes violentas en nuestro país fueron violencia de género. Fue el primero que se produjeron manifestaciones el 25 de noviembre y numerosos personajes públicos del mundo del cine, del deporte o de la televisión pusieron su cara y su voz a campañas de concienciación contra la violencia doméstica. Sacar de lo privado al espacio de lo público un problema que, se estimaba, afectaba al 20% de las mujeres en España. También empezaba a comparar esta violencia con la violencia terrorista, que en aquel momento causaba miedo en nuestro país y sin embargo no llegaba a las cifras de la violencia doméstica.

La política, a rebufo de los cambios sociales, empieza a tomar medidas instaurando las órdenes de protección y el Observatorio contra la Violencia Doméstica en 2002 y 2003. El Gobierno quería empezar a hacer seguimiento exhaustivo de las sentencias por maltrato. Para ello, junto al Consejo General del Poder Judicial, se crea este organismo "Instrumento de análisis y de actuación que, en el ámbito de la Administración de la Justicia, promueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la violencia doméstica y de género", como se define en la página del CGPJ. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir las órdenes de protección a las víctimas de violencia doméstica se produce en 2003. Se intentaba dar respuesta y protección rápidas a las mujeres que denunciaban y establecía juicios rápidos para no alargar los procesos, así como jueces especializados. Además, el Gobierno prometió medios suficientes, aunque se encontró, como le vaticinó la oposición socialista, con reticencias por parte de los agentes a formar parte de los que vigilarían a las mujeres con orden de protección dictada.

De nuevo algo sucede en Cúllar Vega (Granada) el mismo pueblo donde apenas cinco años antes Ana Orantes era asesinada por su marido. En este caso, Encarnación Rubio, la mujer que días antes había denunciado a su ex marido, que contaba con orden de protección en vigor que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de ella, era asesinada tras ser atropellada repetidas veces por él. Fue la primera víctima con orden de protección en vigor. Algo fallaba. Su historia es la de todos los fallos del sistema. Era la víctima número 14 aquel 2003. Ese año hubo 71 mujeres asesinadas.

La Ley Integral contra la Violencia de Género, el principio de todo

En 2004, el Gobierno liderado por José Luís Rodríguez Zapatero, que acababa de llegar a Moncloa, impulsa y aprueba una de sus leyes emblema: la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG). Por unanimidad. La primera que el Ejecutivo enviaba al Congreso. Toda una declaración de intenciones. Una Ley que va a intentar dar respuesta y cariz público a una violencia estructural que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Una Ley que, pese a la unanimidad en el Congreso, nunca contó con la aprobación total del Partido Popular, entonces oposición. El PP siempre se inclinó, y así lo hizo saber en el propio debate antes de votar afirmativamente, por ampliar las penas por violencia doméstica independientemente del sexo del atacante, ya que consideraban discriminatorio para el hombre establecer penas diferenciadas. No llegaron a interponer un recurso al Tribunal Constitucional, algo que sí hicieron algunos jueces y juezas. Este Tribunal les quitó la razón en 2008 estableciendo la constitucionalidad de la medida. Fundamentada en la desigualdad existente en el ámbito de las relaciones de pareja, siete jueces contra cinco avalaron la constitucionalidad de la norma ante los recursos que se venían interponiendo contra ella. El Constitucional sentenciaba que "una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural -la desigualdad en el ámbito de la pareja- generadora de gravísimos daños a sus víctimas y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto". Además, "la consolidación de la discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el ámbito de la pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que restringe las posibilidades de actuación libre de la víctima", se afirmaba en la resolución.

La LIVG supuso un punto de inflexión al introducir como maltrato los malos tratos psicológicos e incluir en esta violencia a ex parejas. Además, supuso un debate social y sentó las bases para que medios de comunicación y sociales empezaran a dar a esta violencia los espacios que merece. Para empezar a cuestionarnos de forma pública algo perteneciente hasta ese momento a la esfera privada. Endureció las penas a los hombres maltratadores como forma de discriminación positiva que rompiese con un sistema patriarcal que silenciaba a las mujeres que denunciaban o las ridiculizaba. Empezó a cuestionar la masculinidad imperante y empoderaba a las mujeres a la hora de rebelarse ante sus maltratadores con mayor seguridad y confianza en que serían creídas y protegidas. Zapatero la denominó entonces "un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal". Puso el Gobierno en marcha además el teléfono 016, de atención a víctimas de violencia de género. Un número gratuito, que no deja rastro en la factura y totalmente confidencial disponible 24 horas y 365 días al año. El teléfono pretende ser un instrumento de asesoramiento y acompañamiento no solo para las víctimas de violencia de género, sino para toda la sociedad para que no sean testigos, sino parte de la solución. Combatir el "efecto espectador". Empieza a orientarse además a los jueces sobre cómo actuar en casos de violencia de género con la publicación de una guía por parte del CGPJ, que ha ido actualizándose (la última vez en 2013). Estos días en que la LIVG se pone en cuestión por su supuesta asimetría en el trato a hombres y mujeres, algunos tuiteros se han propuesto desmentir esas insinuaciones:

Se promulga la Ley de Igualdad

En 2006, esta vez directamente con la abstención del Partido Popular, el Gobierno de Zapatero ahonda en la lucha por la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres con la aprobación de la Ley de Igualdad. La Ley en cuestión pretende avanzar en esa lucha por la igualdad con medidas concretas como la ampliación de los permisos de maternidad en caso de nacimiento prematuro del bebé y el establecimiento por primera vez de un permiso de paternidad. En ese momento 13 días, en la actualidad, de aprobarse los presupuestos que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez para 2019, llegará a las 8 semanas. La Ley establece además la obligatoriedad de elaborar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, así como a la presencia de al menos un 40% de mujeres en los Consejos de Dirección de las grandes compañías. Un impulso legislativo imprescindible para romper el "techo de cristal", ese muro invisible, aparentemente inexistente, que ocasiona que en el IBEX 35 (las 35 grandes empresas cotizadas en la Bolsa) solo el 20% de directivos sean mujeres o que instituciones como las universidades, donde ellas son la mayoría, solo haya cuatro rectoras de cincuenta universidades públicas. En los parlamentos mundiales, solo el 20% son parlamentarias. En España, gracias a la aplicación de esta Ley de Igualdad que obliga a que haya al menos un 40% de candidatos del mismo sexo, esta cifra se sitúa en 144 diputadas de los 350 totales. Partidos como PSOE o UP garantizan las listas cremallera, donde se alternan hombres y mujeres, de forma que se reparten casi al 50% tanto en las listas como en los grupos parlamentarios.

En 2015, y a raíz del asesinato a manos de su padre de Ruth y José Bretón, los niños y niñas han sido reconocidos como víctimas de la violencia de género. La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, supusieron la inclusión de estas víctimas y su reconocimiento como tales. Además, se elimina la posibilidad del asesino de cobrar pensión de viudedad y la retirada de la custodia compartida y la patria potestad.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género empieza a tener financiación cuando llega Pedro Sánchez a Moncloa

En 2017, a propuesta del Partido Socialista, se aprobó en el Congreso el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que pretende unificar políticas destinadas a erradicar esta lacra, así como dotar de más medios la lucha contra esta violencia. Si bien en un primer momento no contó con la dotación presupuestaria necesaria, en julio de 2018, tras la moción de censura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó los primeros 200 millones de euros para que las instituciones peleen de forma coordinada e integral contra esta lacra. Este Gobierno, el más feminista de la historia, con una vicepresidencia dedicada a igualdad, toma la lucha contra la violencia de género como bandera.

Llegamos a 2019. Siete días y una mujer asesinada. En 2018 fueron asesinadas 47 mujeres. Desde que se contabilizan, van 976. Auténticas cifras de organización terrorista estas del machismo. Sin embargo, este terrorismo machista, pese a los consenso que a priori genera, siempre ha contado con oposición en la manera de enfrentarlo, con más intensidad o menos. Desde que en 2004 el Partido Popular y su portavoz en Igualdad entonces, Susana Camarero, pusiera en duda la LIVG por crear una situación de supuesta discriminación hacia el hombre, siempre ha habido voces que clamaban por su derogación. Este año, tras la irrupción de la extrema derecha en las instituciones, esas voces exigen incluso compromisos parlamentarios para dar sus apoyos. Y como siempre hubo dudas, los futuros socios, PP y Ciudadanos, se lo están pensando y ya empiezan a hablar de nuevo de "violencia doméstica", una forma de volver a meter en casa aquello que por fin era de dominio y denuncia pública.

2018 fue el año de la Revolución Feminista. El año en que las mujeres, pese a todo, salieron a la calle a pelear por un mundo seguro, en el que salir a correr para divertirse y no con miedo a ser violadas. De la huelga feminista del 8 de marzo. Pero también ha sido el año de la reacción machista. El machismo ha seguido asesinando, poniendo en duda que a las mujeres las maten por serlo, hablando de denuncias falsas (nunca demostradas) y de la supuesta situación de debilidad de los hombres. Ha continuado diciendo que la víctima de La Manada disfrutaba mientras la violaban entre cinco tipos, de ahí que no se defendiera, y que pobrecitos que van a ir a la cárcel por una noche de diversión o desviando el debate hacia la nacionalidad del agresor para obviar que lo que todos era, eran hombres. Un año en que a la zamorana Laura Luelmo la asesinó un criminal justamente porque ella se defendió de su violación cuando este la cogió una tarde que ella iba a correr un rato por el campo. Algo que yo, permítanme la licencia, hago habitualmente sin miedo de que me violen. La Tercera Ley de Newton aplicada a las movilizaciones sociales.

Pero la realidad es tozuda. En lo que va de año, apenas una semana, una menor ha sido violada en grupo en Alicante, otra chica de 19 años en Nochevieja en Burriana (Castellón) y el ex novio de una chica de 14 años la violó en su coche mientras sus amigos no hacían nada en Algeciras (Cádiz). La extrema derecha se ha puesto como objetivo, ya lo tenía, socavar la lucha feminista ahora desde las instituciones.

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