El lenguaje contribuye a la normalización y a la inclusión. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad hemos sido consideradas inservibles, inútiles, deformes, inválidos, denominaciones estas que revelaban el lugar que la sociedad nos concedía.
Hasta hace unas décadas, las personas con discapacidad éramos consideradas un lastre para la sociedad y para la propia familia y, aún hoy, hay países en los que perdura esta visión. Les pongo un ejemplo, la discapacidad es un argumento válido para el infanticidio en Kenia, que firmó, pero no ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.
Pero me vengo más cerca, a España. Sólo una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja. ¿El resto no trabaja porque no quiere o porque no puede? ¿No se cumplen las cuotas de discriminación positiva porque las entidades y empresas no quieren o porque no encuentran personas con discapacidad que ocupen esos puestos? Y aquí les doy otro dato: Menos del 6% de las personas con discapacidad tienen un título universitario.
La sociedad sigue dejándonos fuera, empezando por el lenguaje y siguiendo por algo tan básico como la accesibilidad, considerada por la ONU un derecho fundamental para las personas con discapacidad, porque sin accesibilidad no hay inclusión y sin inclusión no podemos participar en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.
Por eso, cuando lancé la campaña en change.org [1] ‘Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución’, hice hincapié en dos cosas, en la importancia del lenguaje, porque la inclusión empieza por el lenguaje, y no me refiero al políticamente correcto, sino a llamar a las cosas correctamente, con respeto, sin miedo y sin tapujos, y en la necesidad de ser consecuentes con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
No era comprensible que, habiendo firmado ese tratado internacional, España continuara manteniendo en el artículo 49 de su ley de leyes la expresión “disminuido”, con una indudable connotación negativa, y afirmara que necesitamos “tratamiento y rehabilitación”, tratamiento necesitan las enfermedades y rehabilitación las lesiones.
Difícilmente podemos avanzar en la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad cuando nuestra Constitución aún nos contempla desde un punto de vista médico rehabilitador y asistencial y no como personas con derechos, derecho a participar en la sociedad, a tener una vida autónoma. Es necesario acabar con el concepto caritativo que aún existe de la discapacidad, con ese ‘pobrecitos’. Es una cuestión de dignidad y de igualdad.