Los nietos de Franco habían recurrido al Supremo la decisión del Ejecutivo de sacar de la basílica de Cuelgamuros al dictador. Además, habían exigido la paralización cautelar del acuerdo del pasado 8 de noviembre del Consejo de Ministros para avanzar en la exhumación.

La familia alegaba que la suspensión era "necesaria para evitar un daño irreparable" si finalmente los magistrados decidían que los restos del dictador permaneciesen en el Valle de los Caídos.

El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, ha señalado que "de nada serviría a mis representados que la justicia acabe dándoles la razón años después de que hayan tenido que pasar por el amargo trato de una exhumación tan humillante como dolorosa para ellos y en contra de su voluntad. No hay indemnización alguna que pueda paliar el daño moral que se les infligiría".

El letrado ha acusado al Gobierno de violar el "derecho a la intimidad personal y familiar", puesto que los nietos han "manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo".

Han denunciado además, lo que consideran "irregularidades", pues la orden de exhumación "es consecuencia del real decreto ley aprobado en agosto por el Gobierno y que modifica el artículo 16 de la ley de memoria histórica de 2007 para establecer que en el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda". La familia advierte también que el procedimiento solo se ha iniciado respecto de los restos de Franco, "por lo que se está aplicando una política de caso único".