Dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que habría consecuencias por los incidentes producidos durante el pasado fin de semana protagonizados por los denominados Comités de Defensa de la República (CDR). Los cortes de tráfico de las infraestructuras de carreteras y la posible pasividad de los Mossos que no recibieron órdenes de actuar ya han provocado dichas consecuencias.

Ayer mismo, el Gobierno de España pidió responsabilidades a la Generalitat de Catalunya a través del envío de tres cartas de la propia vicepresidenta, Carmen Calvo; y de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Fomento, José Luis Ábalos.

Hoy es la Fiscalía Superior de Catalunya la que abre diligencias de investigación para determinar si pudo haber falta de actuación de los Mossos los pasados días 8 y 9 de diciembre.

Francisco Bañeres, fiscal superior, incluye en su escrito que miembros de la policía catalana acudieron a los puntos de la AP-7 donde los CDR estaban llevando a cabo cortes de carreteras y estaban levantando las barreras de los peajes para que los usuarios no pagaran. Además, relata que presuntamente “no se orientó a disuadir a los concentrados” ni hicieron nada para restablecer el orden.

Por este motivo, el fiscal ha pedido un informe al jefe de los Mossos, Miquel Esquius, sobre las actuaciones que se realizaron por si se derivaran algunas responsabilidades por la “ausencia de conminación por parte de las unidades desplegadas, o lenidad en exigir el restablecimiento del orden”

En dicho escrito, el ministerio fiscal relata los hechos sucedidos “hubo una invasión por parte de un número indeterminado de personas” que mantuvieron cortada la autopista en L’Ampolla entre las siete de la mañana y las diez de la noche. El grupo cortó el tráfico valiéndose de neumáticos, ramas y otros objetos que impedían el paso de los vehículos.

En el escrito se afirma que en estos episodios llevados a cabo por los CDR las dotaciones de los Mossos que acudieron “no disuadió a los concentrados”. “Tampoco se empleó la fuerza imprescindible y proporcional para restablecer el orden jurídico ante una actuación ilegal”, se afirma.

Por eso considera el fiscal que pudo permitirse “la lesión de derechos de la multitud de usuarios de la autopista y a una multiplicación en el quebranto de la empresa concesionaria”.

El fiscal reclama que Esquius remita un informe en el que se detallen las actuaciones, los responsables de las mismas y las órdenes que se dieron a los agentes encargados.