Los comentarios que se realizan sobre los informes del FMI, de la Comisión Europea y de la OCDE se centran exclusivamente en una interpretación negativa de las recomendaciones y predicciones recogidas en los análisis de estos organismos y que en ningún caso recogen elementos negativos ni torpezas técnicas o de procedimiento que pudieran estar en los PGE y no puedan resolverse.

Pero siendo importantes estas consideraciones, hay otras que contienen la carga de política económica que el gobierno de España quiere dar a su acción de gobierno y que contienen medidas destinadas a objetivos profundamente socialdemócratas y alejados de los postulados subsidiariamente neoliberales del gobierno anterior.

La economía española no está bajo los criterios de la supervisión por terceros, por lo tanto tiene toda la capacidad para plantear unos compromisos perfectamente asumibles por todos los actores del arco parlamentario si ciertamente todos estuvieran en la deriva del juego democrático a la que están obligados, pero que olvidan en aras de intereses ajenos al progreso económico y social de nuestro país.

Los propios informes de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional consideran que España mantiene capacidades para mantenerse en la senda del crecimiento económico superior a la media de la UE, de la reducción de la tasa de desempleo y del crecimiento de empleo juvenil. Cierto que recibimos reparos sobre objetivos como el incremento del SMI o del método de revalorización de pensiones, pero es que la necesidad de transformación de nuestro país pasa por dejar atrás la prevalencia de grandes bolsas de desigualdad que mantienen a nuestra economía varada en estructuras poco competitivas. En este aspecto tiene especial interés la iniciativa empresarial que debe concebir que sus proyectos deben contar con objetivos alejados del mantenimiento de la precariedad salarial y de la dependencia exclusiva de los Presupuestos públicos; el mercado debe ser su medida.

Aspectos importantes que estos informes recogen es el mantenimiento de la potencia de la demanda interna que seguirá siendo uno de los motores de crecimiento ante la atonía de la zona euro, si bien es necesario realizar inversiones que desarrollen tanto la competitividad de nuestra economía como la productividad de nuestras empresas.

Los PGE progresistas que se han presentado contienen estos objetivos de mejora que necesita la economía española y las herramientas para conseguirlo. Pero la derecha española, que no quiere hablar de variaciones en la fiscalidad, reducción de la precariedad laboral o desarrollar programas que reduzcan la brecha tecnológica de España, está buscando solamente la eliminación de esas posibilidades que para su concepto de España sobran.