El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell ha advertido a la Generalitat de Catalunya que el Gobierno de España está vigilante sobre las actuaciones que se desarrollan en las oficinas exteriores que la Generalitat está volviendo a abrir desde el pasado mes de junio, tras el levantamiento del artículo 155 de la Constitución. Y ha advertido que acudirá a los tribunales "si las actuaciones que se desarrollen en esas oficinas son contrarias a la ley".

La Generalitat de Catalunya contaba con una amplia representación en el exterior antes de la aplicación del artículo 155. Según consta en la web del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, el Gobierno catalán está presente en el mundo con una red de unas setenta oficinas, entre delegaciones del Gobierno y las oficinas sectoriales de ACCIÓ, del Instituto Ramón Llull, el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), la Agencia Catalana de Turismo y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

En teoría, esta extensa red del Gobierno catalán tiene como función dar servicio a las más de 130 comunidades catalanas que hay en el exterior. Pero en la práctica, muchas de estas delegaciones son un instrumento más de los partidos catalanes del Gobierno para extender su "causa" independentista por el resto de países.

Algunas de estas "embajadas" fueron cerradas durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó las riendas de la Generalitat Catalana. Pero la celebración de las nuevas elecciones y la toma de posesión del nuevo Gobierno catalán ha hecho que desde el mes de junio se esté procediendo a la reapertura de muchas de ellas.

Para la apertura de estas delegaciones, la Generalitat debe pedir a los ministerios de Asuntos Exteriores, de Hacienda y Política Territorial y Función Pública unos informes preceptivos. Pero estos no son vinculantes según la Ley de Acción y del Servicio Exterior de 2014. De hecho, el Gobierno de España ha emitido informes contrarios a que se reabran estas "embajadas" catalanas, pero según ha confirmado el propio Josep Borrell "ya sabemos que no nos van a hacer caso".

El Gobierno tiene indicios de que en las embajadas reabiertas en junio en las ciudades de París, Berlín, Londres, Ginebra y Nueva York; además de la de Bruselas que nunca llegó a cerrarse, ya están desarrollando actividades para las que no tienen competencias. Muchas de ellas sirven para recabar apoyos internacionales a la causa independentista. Y prácticamente todas ellas no cumplen la ley de banderas ya que en la puerta lucen la bandera catalana junto a la del país en el que se encuentran y la de Europa. La bandera española no se ve por ningún lado. Además, lucen los famosos lazos amarillos en favor de los políticos encarcelados en España por el procés del pasado 1 de octubre de 2017.

Estas oficinas, igualmente, sirven para que los representantes de la Generalitat critiquen de forma agresiva a España y a sus instituciones. Por eso, para exteriores "la experiencia reciente ha demostrado que las delegaciones de la Generalitat en el exterior han sido un instrumento fundamental para intentar internacionalizar el procés".

La única manera que tiene el Gobierno de España de cerrar estas delegaciones es denunciar las actividades presuntamente ilegales que allí se celebren y por eso están vigilantes para actuar de forma inmediata.

El mantenimiento de esta infraestructura exterior del Govern catalán siempre ha sido muy cuestionada ya que, según los presupuestos de la propia Generalitat, se gastaron alrededor de 23 millones de euros en 2017 solo para pagar al personal de estos departamentos. Y el coste total para la acción exterior de Cataluña asciende a más de 40 millones de euros.