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28 jueces del Supremo tardan 48 horas en decidir si pagan los bancos o las familias
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28 jueces del Supremo tardan 48 horas en decidir si pagan los bancos o las familias

martes 06 de noviembre de 2018, 01:15h
El Pleno del Tribunal Supremo sigue hoy deliberando sobre una de las decisiones más importantes de la Justicia española en los últimos años. Los magistrados deben decidir si el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe pagarlo el banco, como se estipuló el pasado mes, o las familias.
Las millones de familias que tienen firmada una hipoteca con cualquiera de los bancos españoles de referencia seguirán pendientes de la decisión que tome finalmente el Tribunal Supremo sobre quien debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Hasta ahora, este tributo siempre lo han costeado los hipotecados hasta que el pasado 18 de octubre la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del dicho Tribunal revertió la situación y falló en favor de los clientes. En una decisión sin precedentes cambió la jurisprudencia y dejaba claro que deben ser las entidades bancarias las que deben costear este impuesto que, en función de la Comunidad Autónoma de residencia, puede llegar a ser de entre 3.000 a 5.000 euros.

Fue tal el calado de la decisión que el mismo día 18 de octubre los bancos perdían más de 5.000 millones de euros de capitalización bursátil y los cimientos económicos del país parecieron moverse. Por este motivo, en una reacción incomprensible por rara, el mismísimo Presidente de la Sala de los Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo acordó convocar al Pleno del Tribunal para que revisara el criterio que acababa de cambiar con su sentencia. Y ayer, 5 de octubre, comenzaba esta importante reunión de los magistrados que debía dar validez a lo ya sentenciado, matizar otras cuestiones, o, revertir la decisión y volver al punto de partida. Nadie puede imaginarse este último escenario, ya que sería ver como el capital de los bancos tuerce la mano de la Justicia. Y eso en un Estado de Derecho es inadmisible.

Al otro lado de la balanza, se encuentran las millones de familias, entre ocho y quince, que podrían ahora recuperar un dinero que ha sido abonado de forma injusta. Esta decisión vendría a poner algo de justicia en un sector, el bancario y el de las hipotecas, que ha abusado con descaro de los clientes. La ciudadanía ha vivido años de sombras y la sociedad ha visto como numerosas familias perdían sus viviendas mientras que mantenían unas deudas hipotecarias infladas prácticamente de por vida. Con esa losa sobre sus cabezas, muchas personas jamas podrán recuperar una vida 'normal'. Por eso cuando se han ido conociendo los abusos de la banca, traducidos en cláusulas abusivas o en impuestos injustamente cargados sobre las espaldas de los clientes, la indignación ha sido enorme en aquellos que han sufrido los desmanes bancarios.

Hoy no se espera otra cosa de los 28 magistrados del Pleno del Supremo que JUSTICIA, si, con mayúsculas. A la gente ya no le vale con que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, salga a pedir perdón por no haber sabido gestionar la situación de mejor manera.

Con la decisión del Supremo que previsiblemente será anunciada este martes 6 de noviembre, habrá también que estar pendientes de la "letra pequeña" del fallo judicial. Y es que hay muchas cosas que decidir en esta histórica reunión del Pleno. Casi todo el mundo da por hecho que el AJD será a partir de ahora abonado por las entidades bancarias. El meollo de la cuestión está en aquellos que ya lo han pagado hasta ahora, es decir, en la retroactividad de la decisión que se tome.

Si se decide que sólo podrán reclamar la devolución del impuesto aquellos que hayan firmado su hipoteca los últimos cuatro años (tiempo en el que prescriben los asuntos tributarios) las haciendas de las Administraciones Autonómicas tendrán que devolver a alrededor de 1,5 millones de contribuyentes una cifra cercana a los 3.600 millones de euros. Por ello, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció ayer que el Gobierno ya estudia "algún tipo de ayuda" para que las autonomías no vean afectada su situación financiera. Una vez devueltas las cantidades, habría una reclamación del impuesto a las entidades bancarias que deberían abonarlos.

Otro escenario distinto sería si el Supremo decide que la retroactividad se extiende más atrás en el tiempo (se habla de enero de 2003 a septiembre de 2014). En este caso, los afectados tendrían que acudir a la Justicia ordinaria para pedir la devolución de su dinero (no ya a las haciendas porque estaría prescrito). En este caso, el posible número de reclamaciones se eleva a cerca de 13,4 millones de hipotecados y las entidades bancarias tendrían que hacer frente a reclamaciones que se podrían elevar a los 25.000 millones de euros.

En unas horas saldremos de dudas y veremos quién gana, definitivamente esta importante batalla judicial: Si los bancos o las familias.
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