El pasado día 18 de octubre, el Tribunal Supremo decidió en una sentencia cambiar la jurisprudencia y declaró que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que grava las hipotecas debe ser pagado por el banco prestatario del dinero y no por el cliente. Esto significa que alrededor de ocho millones de usuarios han pagado un tributo que en realidad debían haber satisfecho las entidades bancarias.

Todo está aún por resolver ya que el propio Tribunal, tras hacer pública la sentencia, anunció a las pocas horas -tras el revuelo social y económico que se produjo- que el Pleno del Supremo (compuesto por 32 magistrados) será finalmente el que resuelva este embrollo judicial ya que aún quedan causas pendientes por esta misma cuestión.

Sin embargo la sentencia del Supremo tiene plena validez, aunque haya juzgados, como los valencianos, que han suspendido las vistas sobre estas cuestiones hasta que se aclare el todo el asunto.

El próximo día 5 el posicionamiento del Pleno podría ir en tres sentidos:

1.- Qué resuelva en el mismo sentido que hizo la Sala Tercera y ratifique la decisión.
2.- Qué vuelva a la jurisprudencia anterior que indicaba que son los firmantes de las hipotecas los que deban seguir pagando ese impuesto.
3.- Qué decida que no hay retroactividad y que en las nuevas hipotecas sea el banco el que se haga cargo del impuesto AJD

Si se decide por alguna de las dos últimas opciones, los clientes no tendrán nada que reclamar, aunque las asociaciones de consumidores seguirán peleando judicialmente.

Pero si se resuelve el conflicto judicial reafirmando la decisión de la Sala Tercera, la ola de reclamaciones será gigantesca. En este punto, no hay unanimidad de cómo se deberá proceder para reclamar el dinero que los clientes han pagado indebidamente.

Si la hipoteca se firmó en los últimos cuatro años, fuentes de Hacienda apuntan a que estos usuarios podrían solicitar el ingreso indebidamente efectuado ya que están dentro del plazo de prescripción. Para ello deben solicitar a la Hacienda autonómica correspondiente (que es la que recaudó el impuesto) una rectificación de la autoliquidación y la devolución de los ingresos. Después, será la administración la que solicite el pago de este impuesto al banco afectado.

Este camino, por tanto, es el que deberían seguir aquellos usuarios que firmaron sus hipotecas después de 2014. Pero ¿qué ocurre con los que tienen hipotecas más antiguas? También hay una forma de reclamar, pero esta vez debe ser a través de la Justicia. Fuentes judiciales confirman que la acción no prescribe por tanto todos aquellos usuarios que hayan firmado una hipoteca (incluso cuando hayan terminado ya de pagarla) podrán reclamar judicialmente la devolución del dinero.

Los expertos legales recomiendan a los usuarios seguir los siguientes pasos:

1.- Reunir toda la documentación relativa a la hipoteca: la escritura del préstamo, las facturas de notaría, registro de la propiedad, tasación el inmueble, gestoría y el impuesto de AJD

2.- Redactar una reclamación solicitando la devolución del impuesto para presentarla al banco con toda la documentación recabada. En este punto es importante asegurarse a qué banco reclamar ya que en los últimos años las absorciones entre bancos han sido numerosas y eso podría haber hecho que la hipoteca haya cambiado de entidad

3.- Estudiar la respuesta del banco ya que podría ofrecer al cliente un acuerdo para que termine la reclamación. Esta será una decisión del usuario si acepta lo que le ofrece su entidad o por el contrario le compensa seguir el proceso.

4.- El plazo que tiene la entidad para contestar al cliente es de dos meses. Hay que estar atento también a que no se intente demorar este tiempo por parte del banco pidiendo nueva documentación que no sea necesaria.

5.- Finalmente, si el banco desatiende la solicitud se abre el camino de reclamar las cantidades judicialmente.

Si el Supremo confirma el 5 de noviembre el fallo ya conocido, esta demanda se ganará en los tribunales. La reclamación del impuesto podría llevar a los usuarios a que se les devuelva entre 3.000 y 5.000 euros ya que estamos hablando de un impuesto que es el que mayor desembolso supone a la hora de firmar una hipoteca.