La enorme polémica levantada sobre la resolución del Tribunal Supremo a los casos pendientes sobre el pago del impuesto de las hipotecas se ha hecho sentir en el corazón mismo de la judicatura española.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, reconoce abiertamente que se ha producido un “gran daño reputacional” por la percepción que el caso ha producido en la ciudadanía.

Cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo hacía pública su sentencia que obligaba a las entidades bancarias a hacerse cargo del pago del Impuesto de actos jurídicos documentados –conocido como el impuesto de hipotecas- el sector bancario español entró poco menos que en barrena. Las bolsas castigaron con dureza las acciones de todas las entidades bancarias del Ibex 35 y se estimaba que en un solo día habían perdido unos 6.000 millones de euros en valoración bursátil. Sin embargo, las asociaciones que defienden los intereses de los clientes de los bancos celebraban la decisión de la justicia como una gran victoria.

Poco duró la alegría y, en una actitud sin precedentes, el Tribunal Supremo anunciaba que se había convocado al Pleno de la Sala al completo para estudiar los casos pendientes sobre la misma cuestión de la que acababan de decidir cambiar la jurisprudencia.

En este punto, Carlos Lesmes reconoce que instó al presidente de la Sala Tercera, Díez-Picazo, que emitiera una nota aclaratoria para explicar que no se planteaba revocar la decisión ya publicada, entre otras cosas porque la ley no se lo permite, y que de lo que se trataba era de estudiar este cambio jurisdiccional de tanta repercusión dando respuesta a las reclamaciones que aún no se habían resuelto. Pero Díez-Picazo no lo estimó oportuno. En cambio lo que hizo fue anunciar que el Pleno al completo, compuesto por más de 30 letrados, estudiaría los casos que aún no se habían resuelto. Daba a entender que la resolución que acababan de tomar debía ser reconsiderada.

Pero los neófitos en materia de justicia, es decir, los ciudadanos de a pie, entendimos que lo que se estaba planteando era cambiar una decisión judicial debido a las presiones de la banca ya que la decisión supone, según asociaciones de usuarios, alrededor de 20.000 millones de euros que deberían salir de las entidades bancarias.

Así lo explica el propio Lesmes: “La sentencia no se refiere a si los efectos van ser a partir de la propia sentencia, si va a tener una retroacción de cuatro años, que es el plazo legal establecido para reclamar a las administraciones por parte de los deudores, o si iba a ser illimitado dicho plazo”. El presidente del Supremo explica también que su preocupación no es realmente la sentencia, sino el impacto de la novedosa resolución “teniendo en cuenta que cuando se dictó por el Pleno de la Segunda la abusividad de las cláusulas suelo, se generaron 250.000 demandas y no un colapso pero sí una situación difícil en la jurisdicción civil”.

Todas estas cuestiones, han producido, según Lesmes, “incertidumbres” y también desconfianza por eso lamenta que “no lo hemos gestionado bien y se ha producido una desconfianza indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo”.