Los trabajadores de Navantia en Cádiz pueden respirar aliviados, aunque sea a lo largo de este día, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado en el Congreso de los Diputados que España cumplirá los acuerdos firmados con Arabia Saudí.

La crisis que ha causado los continuos ataques del régimen saudí contra Yemen y, sobre todo, el brutal asesinato del periodista Jamal Kashaggi, salpica de lleno a la política comercial de España.

Nuestro país es el séptimo país en el mundo que más armas vende al país árabe. Por tanto, como ha indicado el presidente “la gravedad de estos hechos no puede evitar que actuemos con responsabilidad”. Sánchez ha recordado que los alcaldes de la Bahía de Cádiz son progresistas, pero también ha pedido que “se tenga en cuenta el peso de las relaciones internacionales construidas durante años con gobiernos con los que tenemos relaciones estratégicas, muchas veces construidas en Gobiernos anteriores”.

El jefe del Ejecutivo también ha indicado que “hablamos de contratos en vigor” que no contravienen la legislación española, en algunos casos, mucho más exigentes que la de otros países. Y ha expresado que “son obligaciones contraídas por un gobierno anterior”, por lo que “es mi deber velar por la seguridad jurídica”.

“Yo no me puedo permitir mirar en corto (…) y lo hago defendiendo los intereses de los españoles, con plena autonomía y con visión de Estado”.

Y ha terminado su intervención sobre Arabia el presidente afirmando que “otros miran en corto. Pero debo conciliar los intereses desde una perspectiva que otros no tienen por la posición que ocupan. Lo hago defendiendo los intereses de los españoles con plena autonomía. La política exterior es de Estado y les pido altura de miras”.

El dilema planteado no es baladí. Los astilleros de Navantia en Cádiz están pendientes de la firma de un contrato con Arabia de más de 1.800 millones de euros. Un pedido de cinco fragatas que dan trabajo a más de 6.000 personas durante los próximos años. Pero, además, romper los acuerdos comerciales con el país árabe también significa poner en riesgo otros contratos, no precisamente de venta de armas. Se trata de alrededor de 17.000 millones de euros de empresas que construyen en Arabia infraestructuras como el metro, el AVE o centrales eléctricas.

Pablo Iglesias apuesta por romper los acuerdos

Sin embargo, el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, en la réplica al presidente del Gobierno, ha dejado claro que España no es un país pequeño y que puede, sin ningún problema, asumir la paralización de los acuerdos comerciales con un país que no cumple ni respeta los derechos humanos.

Para Iglesias, esto no significa que los gaditanos tengan que pagar la alta factura de que nuestro país haga respetar los derechos humanos. “Si hay que pagarla, que sean todos los españoles los que asuman el coste” ha indicado Iglesias. Por ello ha pedido al presidente que se busque un cliente alternativo a los saudíes para dar trabajo a los astilleros gaditanos y si esto no es posible, que sea el propio Gobierno, con dinero público, el que asuma el coste de estos contratos que Iglesias pide que se rompan.