Los hechos del 6-7 de septiembre de 2017 y el posterior referéndum del 1-O, en los que se saltaron todos los procedimientos y garantías del parlamentarismo, constituyeron una gravedad tan elevada como para mantener en la cárcel o fugados a los dirigentes que aquel día tuvieron parte activa en ellos. Se encontraron enfrente a un Gobierno alimentado en el resto del país por esa confrontación, que no actuó con contundencia hasta la aplicación del artículo 155 de la CE y que se extralimitó en la represión del referéndum que nunca debería haber llegado a celebrarse.

Tras la moción de censura, la retórica ha pasado a ser más conciliadora por parte del nuevo Gobierno, recuperando incluso algunas comisiones bilaterales Cataluña-Estado central para intentar reconstruir puentes caídos. Sin embargo, la retórica de confrontación del Govern de Torra ha continuado, llegando el pasado lunes a amenazar la estabilidad del Gobierno central mediante la retirada del apoyo del PDeCAT en el Congreso si no se pacta un referéndum de autodeterminación (para seguir con las contradicciones, hoy envían un comunicado solicitando diálogo a Moncloa). La reacción no se ha hecho esperar y la ministra portavoz ya ha dicho que no hay que esperar a noviembre, no habrá autodeterminación.

A Torra le conviene una estrategia de vuelta a los marcos que se retroalimentan: un Gobierno central con poca motivación para llegar a acuerdos con la Generalitat frente al victimismo del Govern. Quizá por eso necesite el ultimátum. Porque sin un liderazgo claro, azuzar a las masas es muy peligroso (y con liderazgo también, pero más sin él). Eso es lo que ha pasado en el aniversario del 1-O.

Y es que dichos marcos del discurso apenas han cambiado, solo el del Gobierno. El nuevo PP de Pablo Casado pide volver a intervenir Cataluña a través del 155 (recuerden que lo impulsa el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta). Ciudadanos insiste con la convocatoria electoral, en la línea de conservar la idea del “gobierno interino”. Torra y Puigdemont ya no son creíbles. En el liderazgo, la credibilidad es básica. No es creíble quien quiere incendiar las calles animando a los Comités de Defensa de la República “a apretar” para luego mandar cargar a los Mossos contra ellos. No es creíble quien declara una república durante 15 segundos para luego no asumir las consecuencias de esa declaración. Ese es el problema.

La solución ha de pasar por el autogobierno y la negociación, no por la autodeterminación y el inmovilismo. Sobre todo porque lo último ya lo hemos probado y no ha dado resultado. Hará falta memoria para no repetir los errores del pasado, pero hay que hablar hasta la extenuación.

En una crisis con componente política hay que trabajar desde la política. Los jueces ya están haciendo su trabajo, ahora le toca al Gobierno. Cultivemos la paciencia para no esperar soluciones cortoplacistas. Por el bien de todos y todas, esperemos que memoria y paciencia sean dos valores al alza en el próximo tiempo.