El pasado mes de mayo, José Luis Huerta, exgerente de Waiter Music, una de las principales empresas vinculadas a la trama de corrupción del denominado caso Púnica, le contó al juez Manuel García Castellón el funcionamiento de dicha trama corrupta por la que se adjudicaban numerosos contratos con cargo a las arcas públicas de diferentes ayuntamientos a cambio de costear eventos del PP en la región e incluso fiestas y celebraciones familiares de varios alcaldes madrileños pertenecientes al Partido Popular.

El estupor del magistrado fue tal que calificó los hechos como propios de una película de Berlanga. Y es que lo que sucedía en algunos consistorios madrileños era propio de una historia cinematográfica.

Hay que recordar que el principal encausado de la trama Púnica era el que fue mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y excalcalde de Valdemoro Francisco Granados.

Huerta contó en su amplia declaración de más de 4 horas, que hoy ha publicado la Cadena Ser, que Waiter Music ganaba las adjudicaciones públicas para la celebración de eventos en fiestas patronales de diferentes municipios com Ciempozuelos, Móstoles, Algete o Moraleja de Enmedio; y también los actos de inauguración de nuevas estaciones de metro cuando Granados fue consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Como compensación, los alcaldes y dirigentes populares le pedían de forma descarada la financiación de actos del partido y celebraciones particulares. Así sucedió, por ejemplo, con la comunión de la hija de Francisco Granados que, según el relato de Huerta, costó 48.000 euros y que tuvo que pagar Waiter Music.

Dicho dinero salía del beneficio que obtenía Waiter Music y también de inflar las facturas que se emitían a los ayuntamientos.

Durante los años de funcionamiento de la red corrupta, la empresa de Huerta pagó comuniones, karaokes, paellas o actos para mayores.

Otro de los casos que contó Huerta al juez fue la petición del alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, que le encargó la instalación de una pista de hielo “como jamás se ha construido en Madrid”.

Ahora, Huerta que vio como su empresas quebró tras estallar el caso, afirmó al juez que trabaja como camarero por 1.200 euros al mes.