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Edición testing    9 de agosto de 2020

Tasa Google

El Congreso de los Diputados recupera poco a poco su normalidad y este jueves llega a la cámara baja dos iniciativas parlamentarias que nada tienen que ver con la crisis del Coronavirus. Y hoy llega una de las leyes más controvertidas, el Proyecto de ley del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales, es decir la conocida como 'tasa Google' que los países europeos están dispuestos a poner en marcha a pesar de las amezanas de Estados Unidos a imponer aranceles a productos europeos. También se debate el Acuerdo Internacional de protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar y la Sesión concluirá con la toma de decisión sobre la Proposición de Ley sobre la equiparación salarial de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Consejo de Ministros, previsiblemente, volverá a remitir este martes al Congreso de los Diputados los proyectos de ley que dan viabilidad a dos nuevos impuestos que gravarán las actividades financieras y los negocios digitales. Se prevé que el Gobierno recaude alrededor de 2.000 millones de euros al año.

La Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, ha confirmado la mañana de este miércoles en el Congreso que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales ("tasa Tobin" y "tasa Google") están listos y se aprobarán en los próximos Consejos de Ministros.


La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha urgido este miércoles a los líderes políticos a la formación de un Gobierno estable que permita acometer reformas del todo "necesarias" y ha despejado dudas sobre su posible candidatura para dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el impuesto tecnológico conocido como 'tasa Google' y la 'tasa Tobin', el nuevo Impuesto sobre Transacciones Financieras. España es el primer país de la UE que adapta la tributación a los nuevos modelos de negocio digital. El objetivo es vencer la "competencia desleal" y superar la "gran desventaja" que determinados servicios suponen a comercios o actividades que sí pagan impuestos.
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