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Edición testing    22 de enero de 2021

protestas en centros concertados

La ministra de Educación, Isabel Celaá, estuvo este domingo en La Sexta en la que ha respondido a las polémicas marcadas por la oposición a la Ley Celaá. La eliminación del castellano como lengua vehicular, los cambios en la escuela concertada y la supuesta eliminación de la educación especial han marcado las protestas apoyadas por Vox, PP y Ciudadanos. Celaá mantiene que la ley pretende acabar con “los desequilibrios” marcados por la anterior ley, la LOMCE, que permitía a algunos alumnos prosperar mientras dejaba a otros atrás. Mantiene que “no toda la concertada es igual” y que “la educación no es un negocio”. Por ello, la ley elimina los pagos de los padres para la escuela concertada por aquellos servicios educativos que son completamente gratuitos. Asimismo, la ministra ha señalado que, no solo no se van a eliminar los centros de educación especial, sino que se va a aumentar el apoyo para convertirlos en escuelas de referencia. El objetivo, en este caso, es hacer un trasvase de aquellos alumnos con necesidades especiales que se podrían incorporar a centros ordinarios si contarán con los medios expertos necesarios. Los centros “van a mantenerse con toda rotundidad”, ya que “es la obligación de las Administraciones Públicas” y se aumentará la inversión en la educación pública para lograrlo. “La educación es una inversión clarísima, una inversión en las personas, una inversión de futuro para una sociedad”, zanjaba.

Con esta Ley se pretende que la Educación Pública sea el eje principal del sistema educativo español promoviendo una igualdad de oportunidades también entre los alumnos más desfavorecidos.

La sesión plenaria del Congreso de los Diputados se ha convertido de nuevo en un circo de gritos tras la discusión de la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, que finalmente salió adelante con los votos favorables del grupo llamado de investidura. El texto se aprobó con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Más País, PNV, ERC, Compromís y Nueva Canarias. Mientras, PP, Ciudadanos y Vox salían del Congreso a gritos de “libertad” por lo que califican como una norma de “dudosas garantías democráticas” que acaba con el “ascensor social”. El principal punto de polémica: la promoción de la educación pública frente a la concertada para garantizar una mayor inclusión.

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